Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su acepción más pura, “confianza” es la esperanza firme que se tiene de alguien o algo. También podríamos decir que es el anhelo que una persona tiene en que algo suceda, en que algo sea o funcione de una forma determinada; o en que otra persona actúe como ella desea. Esta esperanza se refuerza en función de las acciones y de valores.
En Perú, la confianza empieza a sonar como un valor cada vez más lejano. La desconfianza es el sentir nacional, amparado en la dudosa performance de los políticos y en las ineficientes instituciones del Estado. La desesperanza ha calado en los peruanos y no de manera fortuita; recordemos que no en vano somos el país cuyos cuatro últimos presidentes tienen procesos con la Justicia, y ni qué hablar de los escándalos de corrupción y negligencia de Vizcarra quien, ojalá, sea juzgado en brevedad.
La corrupción del sistema político y de las instituciones del Estado, además de la delincuencia, son los principales problemas que percibe el peruano, según estudios del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a marzo del 2020. Según dicho estudio nacional más del sesenta por ciento de la población (60,6%), coloca a la corrupción como la principal preocupación. Seguido por la delincuencia (41,8%)”. Los datos sugieren que la corrupción, percibida como el principal problema del país, es aquella vinculada al poder político, como el tráfico de influencias, cobro de porcentajes sobre contratos y licitaciones, malversaciones, entre otras”.
Estamos hablando de datos recogidos entre el 2019 e inicios del 2020, cuando aún se desconocía el oscuro accionar de Martín Vizcarra y entorno, así como el aprovechamiento de la crisis de la pandemia para fines propios, en detrimento de todos los peruanos. En este contexto, no es difícil imaginar el incremento exponencial de quienes creemos que la corrupción es el mal mayor del país y, por tanto, el incremento de la desconfianza en nuestra clase política.
El ‘#VacunaGate’ ha puesto en evidencia el flagelo de la corrupción y la impunidad en Perú. La revelación de que políticos, funcionarios, diplomáticos e incluso la comunidad médica peruana recibieron la vacuna, además del expresidente Martín Vizcarra, ha generado una nueva tormenta donde la atención vuelve a centrarse en la pisoteada confianza y en el hartazgo hacia la clase política.
Un halo mal oliente envuelve el caso de las ‘vacunas vip’, no solo por el secretismo y la grave falta ética en la inoculación de las vacunas donadas, sino también porque esto ocurre en un país que, durante meses, fue el que más muertes sufría por COVID-19 en el mundo, en relación con el número de su población. Sin embargo, este escándalo solo sería la punta del iceberg de una negociación bajo la mesa que favorecería a la vacuna china Sinopharm -y a los bolsillos del expresidente-, saboteando las negociaciones con los laboratorios de las vacunas Pfizer, AstraZeneca, Jhonson & Jhonson.
En este contexto, permítannos dudar de comisiones investigadoras que se toman un plazo de 60 días para arribar a resultados. Como también desconfiamos de comisiones investigadoras conformadas por aquellos que son juez y parte dentro del conflicto pues, como ya ha sucedido en el pasado, solo sirven para alargar el tiempo, limpiar la escena del delito y esperar que el escándalo pase al olvido como un hecho anecdótico. Si realmente el presidente interino Sagasti, el Congreso y la comunidad científica quieren llegar al fondo de la búsqueda y garantizar la transparencia de la investigación, proponemos una comisión multisectorial que incluya a instituciones independientes, como think tanks (o centros de pensamiento), así como ciudadanos ilustres e informados.
