- Una prueba de fuego para el Gobierno de Pedro Castillo.
El 15 de enero de 2021 se produjo un derrame de petróleo en el mar peruano, en el terminal de la refinería de la Pampilla, ubicado en el distrito de Ventanilla, en la provincia Constitucional del Callao. Esta planta, con capacidad de refinar 102,000 barriles diarios de petróleo, está bajo la administración del grupo empresarial Repsol Perú. Al inicio, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Ambiente (OEFA) informó, según datos de la empresa, que “el derrame ascendía a 0.16 barriles en una extensión de dos metros y medio cuadrados”, luego fue corregido por el ministro de Ambiente, quien señaló que por lo menos fueron 6,000 barriles de crudo de petróleo, “cuando descargaba la embarcación Mare Dorium, de bandera italiana.
En esa misma línea, la OEFA, corrigió sus cifras y señaló que “el área afectada incluye 1.7 millones de metros cuadrados de tierra y 1.2 millones de metros cuadrados de agua del mar”, y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), también adscrito al Ministerio del Ambiente, resaltó las graves implicancias en las áreas naturales protegidas, como la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Islotes de Pescadores y la Zona Reservada de Ancón, también, en la fauna marina, como aves, lobos marinos, pingüinos muertos y tantos otros contaminados, así como, en la población que habita la zona y la que se dedica a la pesca y al turismo.
Difícil tarea la del Ministerio del Ambiente, debido a que según el Decreto Legislativo 1013 tiene la función de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la Política Nacional y Sectorial Ambiental asumiendo la rectoría con respecto a ella”. En ese sentido, la OEFA “debe garantizar que las actividades económicas se desarrollen en equilibrio con el derecho de las personas de gozar de un ambiente sano y es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa).
El Ministerio del Ambiente ejerce la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias. Aplica desde amonestación, multa, comiso, inmovilización, clausura o suspensión e inclusive ejerce la potestad coactiva en los casos que corresponda. En ese contexto, la OEFA manifestó que la empresa tenía dos días de plazo para identificar las zonas afectadas, 10 días para descontaminar el suelo afectado de las playas, y cinco días para contener y recuperar el hidrocarburo que flota en las aguas marinas. Además, la empresa podría ser multada con más o menos US$ 35 millones. Como se puede apreciar, ya han transcurrido 10 días y aún no hay resultados tangibles. Quizá el aspecto más grave, es que todavía, no existe una cuantificación monetaria aproximada del daño producido. Tampoco, existe un inventario detallado del mismo.
El presidente de la República señaló que su Gobierno llevará a cabo “acciones urgentes y graves” para sancionar a los responsables del “ecocidio” más grande de la costa peruana, luego de sobrevolar la zona del desastre. Por otro lado, la empresa, señaló que “nosotros no causamos el daño ecológico” debido a que la emergencia se había producido por la erupción volcánica en Tonga y que la Marina de Guerra del Perú les indicó que “no había alerta de tsunami”. Parece que se avecina una contienda legal y social de largo plazo. Por un lado, una empresa transnacional con mucha influencia económica y financiera, por el otro, un Gobierno con dificultades para establecer sus propios objetivos y con controversias en su interior sobre el rol de la empresa privada.
No son aisladas las voces, que piden aprovechar “el ahora punto débil de la empresa” para estatizarla y otros que señalan, que “todo se remedia” y, por tanto, solo es cuestión de esperar. Sin embargo, el contexto de debilidad y fragilidad de las instituciones, de alto nivel de corrupción y de ineptitud de los funcionarios, dificultará la remediación y las sanciones. Es decir, es una prueba de fuego para el gobierno, porque estará en la mira internacional.
El Minsa ha declarado que hay 21 playas afectadas, y “pidió a la población no acudir a ellas, porque no califican como saludables”. El aislamiento temporal del ministro de Salud afectado por el Covid, ha arrastrado a su sector. En ese sentido, el viceministro de Salud Pública, que tiene a su cargo a la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), debió tener mayor protagonismo, porque “vigila los factores de riesgos físicos, químicos y biológicos externos a la persona y la fiscalización en materia de salud ambiental e inocuidad alimentaria.
Esa falencia ha sido cubierta por el pertinente y oportuno Comunicado 02-2022 del Colegio Médico del Perú, que ha realizado cinco recomendaciones: creación de un Comité de Emergencia centralizado, protección de los trabajadores que participan técnicamente en la descontaminación, creación de un centro asistencial de referencia con participación de médicos especialistas en la materia, muestreos continuos de los productos marinos para la alimentación, por parte de Digesa y prohibir la asistencia a las 21 playas no aptas. También alerta, que este desastre se reflejará “en el surgimiento de enfermedades a corto, mediano y largo plazo, como intoxicaciones agudas, por inhalación de vapores, trastornos digestivos, de la piel, alergias, infecciones y cáncer.
Ante las dificultades y la falta de liderazgo del gobierno es urgente la organización y la participación de la comunidad, de la sociedad civil organizada, de la academia, de los colegios profesionales, de los partidos políticos, entre otros, con la finalidad de que los diversos organismos del Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo, Ministerio Público, cumplan con sus funciones a cabalidad. ¡Ahora sí, participación social!
