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MINSA, RIGIDEZ NORMATIVA Y COMPRAS DE MEDICAMENTOS

MINSA, RIGIDEZ NORMATIVA Y COMPRAS DE MEDICAMENTOS

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  • Críticas al modelo de reforma del aseguramiento mercantilista.

Las controversias al interior del Ministerio de Salud son marcadas debido a la falta de claridad en la orientación estratégica del gobierno en la política de salud. El disloque entre la alta dirección y los funcionarios intermedios impide que, en cascada, los niveles operativos formen parte del engranaje unitario que implementa las políticas públicas en salud. Asimismo, las designaciones obedecen a las “necesidades” de los nuevos altos funcionarios o a la remanencia de otros considerados “inamovibles”, porque son el resultado de la cuota de poder que la actual confrontación entre los poderes del Estado exige para preservar el gobierno. A esta anómala forma de designaciones de funcionarios, que permite que la cuota de poder se sobreponga a la calidad técnica, se suma la exigencia de que sus áreas “o territorios” sean manejados en forma autónoma, sin sujetarse a las decisiones estratégicas que se adoptan en los más altos niveles de gobierno. Como es obvio, las lealtades no obedecen a los niveles de autoridad sino a los propietarios de la cuota de poder que intermediaron sus designaciones. 

A las controversias debidas a las cuotas de poder se agrega la remanencia de las contradicciones en función del tipo o modelo de reforma de salud y de seguridad social que el país necesita. Por un lado, los sectores mercantilistas desde el año 2013 impulsaron una serie de normas que, en conjunto, fueron denominadas “paquete de reforma de Salud”. Su aspecto central es el modelo de aseguramiento mercantilista, que se centró en la medicina curativa y recuperativa, que transformó al Seguro Integral de Salud en un gran comprador de servicios de salud del sector privado, con métodos abreviados o sumarios. En sentido inverso, soslayó al Primer Nivel de Atención de Salud (puestos y centros de salud), a la Atención Primaria de Salud, y a la intervención en los determinantes económicos y sociales. 

El gran logro de este sector mercantilista es que los ciudadanos ya poseen un documento (póliza) que acredita que son asegurados dentro de un plan acotado de cobertura.  Poco importa que no existan medicamentos, ni servicios médicos, ni hospitales o establecimientos de salud que brinden las atenciones que los pacientes necesitan, o que no estén cubiertas las prestaciones económicas y sociales o que el dinero que asigna el gobierno, debido a la naturaleza de los diversos mercados de cada una de las prestaciones de salud, siempre sea insuficiente.

Debido a su esencia compradora de servicios o prestaciones del modelo de reforma del aseguramiento mercantilista, la preocupación por el suministro público de medicamentos, de insumos y de equipos ha dejado de tener importancia. Además cobra relevancia inclusive “el control de precios” de estos bienes esenciales, para darle predictibilidad al gasto y a la utilidad de las entidades que forman parte del modelo. Por tanto, no desarrolló la infraestructura sanitaria, ni modernizó los mecanismos de adquisiciones de medicamentos. Además las direcciones generales de áreas claves del Minsa, así como altos cargos del Seguro Integral de Salud y de Susalud, son ocupados por funcionarios que promueven este modelo mercantilista.  

Las iniciativas legislativas que desde el Congreso pretenden promover el suministro eficaz y eficiente de fármacos, o crear modelos integrales de cuidado y atención de salud que incluyan prestaciones económicas y sociales, como las recientes leyes del cáncer, reciben opiniones negativas o sesgadas o sus reglamentos desvirtúan la esencia de las normas. Es común que las opiniones de diversas direcciones generales difieran o hasta que se contradigan, sin que el despacho ministerial o la secretaría general “ponga orden”. Por ejemplo, el día 27 de julio el gobierno observó la ley que pasa a los servidores del CAS Covid al CAS Regular; sin embargo, el 28 de julio, el presidente anunció con énfasis esa propuesta. El Congreso estuvo obligado a votar por insistencia esa ley. ¡Increíble!  

Por otro lado, desde el año 2017 se promueve la conformación de las Redes Integradas de Salud, se tiende al fortalecimiento de EsSalud y su sostenibilidad financiera, con la meta de reducir la segmentación y fragmentación del Sistema Nacional de Salud y crear un sistema unificado de salud para alcanzar la seguridad social universal. El consenso del Foro del Acuerdo Nacional del año 2020, en plena pandemia, ratificó ese modelo de salud y seguridad social consensuado aún desde el año 2002. Sin embargo, al interior del Minsa, esos acuerdos han sido pasados por alto. Han pretendido confundir a la población para crea que el concepto de aseguramiento mercantilista es sinónimo de seguridad social universal, y han distorsionado la reglamentación de la Ley 30885 (de conformación de Redes Integradas de Salud) o incluso han bloqueado la promulgación de otras normas que deberían plasmar los consensos del Acuerdo Nacional, con el único afán de persistir con el aseguramiento mercantilista.

Los conflictos subyacentes por el modelo de salud, las cuotas de poder y las respectivas designaciones de funcionarios han hecho que el Minsa pierda liderazgo y credibilidad ante la opinión pública e incluso al interior del Consejo de Ministros. La reciente puja por las mascarillas, entre los ministros de Salud y Educación, con el triunfo de este último, no ha podido ser más elocuente. Otro ejemplo, es la renuencia de la Dirección General de Medicamentos e Insumos (Digemid) de reformar el proceso de adquisición de medicamentos mediante “mecanismos diferenciados”, a pesar que ya está aprobado para los medicamentos oncológicos”. Su ampliación legal permitiría adquirir también otros tipos de medicamentos innovadores,  porque con la actual Ley de Contrataciones del Estado no se pueden implementar mecanismos eficaces y eficientes, debido a su rigidez y porque trata al medicamento como cualquier otro  bien de consumo.

Estos “mecanismos diferenciados” de adquisiciones de medicamentos comprometen a los proveedores y a los compradores públicos a utilizar mecanismos de pago que logren ampliar la cobertura a menor costo, mayor eficacia y la calidad del cuidado y la atención de salud.  ¡Cuidado con el Minsa y el Sistema Nacional de Salud!

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