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LA PREMIER, EL ESTADO INTERCULTURAL Y LA SALUD

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Se debe universalizar la seguridad social en salud.

En la exposición ante el Congreso de la República del 25 de octubre del 2021, con la finalidad de obtener el voto de confianza, la presidente del Consejo de Ministros (PCM), ha seguido los 10 ejes de la Política de General de Gobierno que había sido aprobada el 16 de octubre del 2021, mediante Decreto Supremo 164-2021.

El último eje, denominado “Estado Intercultural para la promoción de la diversidad cultural”, ha sido abordado bajo el título: “Enfrentaremos el racismo y discriminación desde el Estado Intercultural”. En ese contexto, el artículo 43 de la Constitución Política señala en el Capítulo del Estado, la Nación y el Territorio, que “la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes”.

Sin embargo, la presidente de la PCM durante la exposición introdujo el concepto de Estado Intercultural. Este atributo otorgado al Estado Peruano permite resaltar a la política de gobierno intercultural, al Estado Intercultural y al Estado Plurinacional. Además, la referencia al enfrentamiento del racismo y la discriminación desde el Estado intercultural plantea una ruta clara hacia el Estado plurinacional.

El último párrafo del artículo 89 de la Constitución Política señala que el “Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas”. Además, el artículo 2 inciso 19 de la Constitución señala que “toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando sean citados por cualquier autoridad” En ese sentido, existe la obligación constitucional de desarrollar la interculturalidad en la política nacional de gobierno y en las políticas nacionales sectoriales, transversalmente en todo el territorio nacional. Sin embargo, existen diferencias entre reconocer y proteger la pluralidad étnica y cultural, y plantear la creación de un Estado Intercultural o plurinacional. Es decir, para pasar de un Estado unitario a uno intercultural o plurinacional se requiere un cambio en la estructura del Estado y, por tanto, de una nueva Constitución Política.

La exposición de la ministra no se ha referido a una nueva Constitución, aunque sí al nuevo pacto social; y también ha acuñado el concepto de Estado Intercultural, “que vaya más allá de la tolerancia y el respeto entre los miembros de diferentes culturas” para “enfrentar las causas de la asimetría social y cultural que limitan el pleno ejercicio de sus derechos, la construcción de ciudadanía intercultural y una democracia realmente inclusiva”. Asimismo, ha dado seis lineamientos. El primero, es fortalecer el Viceministerio de Interculturalidad para hacer realidad “el enfoque intercultural en todas las instituciones del Estado”.

El segundo, que el Ministerio de la Culturas ejerza a cabalidad el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios (Convenio 169 de la OIT y la Ley 29785). Tercero, actualizar la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque intercultural. Cuarto, aprobar e implementar la Política Nacional de los Pueblos Indígenas u Originarios. Quinto, aprobar e implementar la Política Nacional del Pueblo Afroperuano. Sexto, impulsar la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e interculturalidad al 2040 y la Plataforma Digital de Denuncias del Ciudadano con enfoque intercultural. Como se puede apreciar, todas estas iniciativas ya se encuentran en ejecución, sin haber tenido necesidad de un nuevo pacto social o de crear el Estado Intercultural o Plurinacional. 

Sin embargo, el país posee falencias estructurales que afectan a las poblaciones, independientemente de cultura o etnia. Por ejemplo, la inexistencia de la conectividad a Internet ha causado que millones de estudiantes hayan perdido clases escolares e incluso universitarias. En ese sentido, la región más rica en diversidad cultural, como es Loreto, debería tener internet satelital, universal, para todos sus habitantes, incluso para aquellos que viven en lugares “aislados” o en el “monte”; sin embargo, eso no ocurre. Incluso, su capital, que es la ciudad de Iquitos, posee un servicio de Internet muy deficiente. En Salud ocurre algo análogo, porque, la política del aseguramiento mercantilista solo brinda un listado de prestaciones médicas y de salud; es decir, no cubre todas las enfermedades y tampoco brinda prestaciones económicas ni sociales. La ironía es que le otorgan al ciudadano un documento como afiliado al Seguro Integral de Salud; sin embargo, no existe un centro médico o de salud cerca de su domicilio. Nadie cubre sus gastos de desplazamiento en búsqueda de atención médica, o la falta de ingresos económicos cuando el usuario se ausenta o el cuidado de sí mismo durante su estancia en la ciudad más cercana. Tampoco, son asistidos, en sus centros poblados en caso de que convivan con alguna discapacidad o con enfermedades crónicas o sean adultos mayores. 

Como se puede apreciar, la política del aseguramiento mercantilista es discriminadora, excluyente e incluso racista. Por lo tanto, bien haría el gobierno en derogarla y en su lugar, universalizar la seguridad social en salud, que sí brinda prestaciones médicas y de salud, económicas y sociales. En consecuencia, es la forma óptima, con enfoque intercultural, de resolver el acceso a la salud de los más pobres y de las poblaciones nativas u originarias y afroperuanas. Igual ocurre con los demás servicios que brinda el Estado. 

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