A menos de un mes de la segunda vuelta electoral, el Perú se encuentra en un preocupante estado de suspensión. Aunque las cifras a casi 100% proyectan que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán el sillón de Pizarro este 7 de junio, la proclamación oficial se ha visto frenada por una tormenta de impugnaciones y denuncias. En el centro del debate surge un concepto técnico que hoy es bandera de batalla política: las actas de la serie 900,000.

Las actas de la serie 900 mil no son, en teoría, un invento reciente. Corresponden a las Mesas Especiales diseñadas para que miembros de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, ciudadanos hospitalizados o personas en tránsito puedan ejercer su derecho al voto. Sin embargo, para el partido Renovación Popular y figuras como Wilber Medina, estas actas son calificadas de «fantasmas» o carentes de base constitucional, sugiriendo una introducción irregular de votos para alterar el resultado final.

La ONPE ha salido al frente argumentando que estas mesas son plenamente legales y que su aparición tardía en el sistema respondió a errores de procedimiento en la digitalización, y no a un fraude orquestado. No obstante, en un país con instituciones históricamente débiles, la línea entre la ineficiencia logística y la manipulación política es peligrosamente delgada a ojos de la ciudadanía.

La estrategia de la nulidad

El pedido de Rafael López Aliaga no es menor: exige la nulidad de estos votos, la suspensión del cómputo e incluso la convocatoria a elecciones complementarias. Esta postura coloca al candidato de Renovación Popular en una encrucijada ética y política: ¿Reconocerá los resultados finales o mantendrá la narrativa del fraude hasta las últimas consecuencias? La respuesta a esta interrogante definirá, en gran medida, la estabilidad del próximo gobierno.
La judicialización del proceso electoral y el pedido de intervención del Ministerio Público han alimentado una desconfianza generalizada hacia los entes rectores (ONPE y JNE). Llegamos al 7 de junio no solo para elegir a un mandatario, sino para intentar salvar la legitimidad de nuestro sistema democrático.
Un llamado a la madurez ciudadana
Es innegable que existe una crisis de confianza. Sin embargo, como sociedad, debemos evitar que la polarización paralice al país. La desconfianza no se combate con caos, sino con vigilancia ciudadana y exigencia de transparencia.
A pocas semanas de volver a las urnas, el deber primordial es mantener la calma. Sea cual sea nuestra tendencia —izquierda, centro o derecha—, el objetivo común debe ser el bienestar del Perú. La democracia no termina en el conteo de votos; comienza con la capacidad de aceptar las reglas del juego y trabajar juntos, incluso en el disenso, para evitar que la sombra de la duda termine por oscurecer nuestro futuro.