• En el Perú no existe control de precios.

Luego de conocerse que cuatro ministros de Estado, incluido el de Salud, han dado positivo a la prueba de Covid-19 y se encuentran en cuarentena –por 10 días, según las nuevas disposiciones– se ha conocido una serie de informes que dan cuenta de la situación de la capacidad en que se encuentra el Sistema Nacional de Salud para enfrentar la pandemia. Según el Reporte de Inteligencia Estratégica del 18 de enero del 2022 del CDC Minsa, existe “la tendencia a duplicarse (alrededor de 1.7 veces más) el número de registro de casos positivos respecto de la primera semana del año 2022”.  Asimismo, que “la tasa de positividad es de 40% y se ha incrementado diez veces en cuatro semanas”. En cifras absolutas, refiere el paso de más de 171,000 a 291,000 casos hasta la segunda semana de año. Asimismo, “las 142 muertes registradas en una semana corresponden a un incremento de 48% respecto de la primera semana de enero, y las edades más afectadas son aquellas mayores de 80 años.”  

Otro aspecto, ya cómo detalle, es que el índice de positividad de las pruebas antigénicas en los establecimientos públicos es de 46% y en los privados 36% y en el caso de las moleculares, en los públicos es de 36% y en los privados 26%. También señala que se ha incrementado en dos días, del 16 al 18 de enero, la ocupación de camas por Covid-19 de 36% a 37.2%, UCI-Covid de 57.5 % a 60.6%, y en las UCI-No Covid se ha incrementado ligeramente de 70.5% a 72.5%. Sin embargo, estas cifras reflejan el promedio nacional, porque existen regiones que se encuentran en alerta roja, con un nivel de ocupación de camas UCI superior al 75% como Callao, Lambayeque, La Libertad y Piura.  

El cuadro del CDC Minsa que debería reflejar la densidad y necesidad de recursos humanos por regiones no logra su cometido, porque solo se enfoca en tres profesiones, médicos, enfermeras y obstetras.  Es obvio que esa selección de grupos ocupacionales no refleja los aspectos que deberían cuantificarse y reforzarse para luchar contra la pandemia.  Además, no se precisan las diversas especialidades médicas ni de enfermería y tampoco a los técnicos asistenciales y de enfermería e incluso a los auxiliares. Por tanto, no aporta utilidad para tomar decisiones. Es importante medir, pero antes saber, qué se mide y para qué se mide.  

El Reporte también resalta el “substock” de medicamentos para las áreas críticas, que engloban medicamentos de alto costo. La lista es larga, como, por ejemplo, Haloperidol, Meropenem, Flumazil, Bromuro de vecuronio, ketamina, propofol, colistina, piperacilina/tazobactam, dopamina, morfina, entre muchos otros. Este aspecto, ha prendido las alarmas, porque la escasez del sector público genera “compras de emergencia” o que los propios familiares de los pacientes acudan al sector privado, como a las distribuidoras, a los laboratorios, a las boticas y a las farmacias. Luego de sendos estudios, incluso con la proyección de tres escenarios sobre las posibilidades de la tercera ola y de la pomposa declaratoria de ésta ya llegó, resulta increíble que ahora el Minsa señale que existe “substock” de fármacos “esenciales” para luchar contra la pandemia. Es, por decirlo sin suspicacias, una muestra de negligencias. En ese contexto, los funcionarios del Minsa, de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid), han hecho declaraciones que, lejos de tranquilizar, han creado mayor pánico, debido, a la amenaza del ministro de Salud, con la implementación del llamado “tope al precio de los medicamentos”.  

La directora general de Digemid ha declarado que “estamos coordinando con las direcciones de medicamentos del país para que “operativicen” las fiscalizaciones, ellas deben supervisar que el medicamento esté disponible. La población tiene derecho a que le muestren el medicamento genérico” y que “el Decreto Supremo 026-2019-SA ordena a todas las farmacias y boticas en el país, incluidas las que están en el interior de las clínicas, a tener una lista de 34 medicamentos genéricos prioritarios disponibles para vender al público”.  Además “aclaró que no existe desabastecimiento de paracetamol”. Como se puede apreciar, el Estado elude su responsabilidad en el abastecimiento de estos fármacos, porque si las farmacias públicas estuvieran abastecidas, la población no tendría necesidad de recurrir al sector privado. Además, le exige al sector privado requerimientos de cumplimiento adicionales frente a las del sector público, incluso, con la imposición de sanciones. A pesar de que la medida tiene impacto marginal en la salud, porque solo incluye 34 fármacos, sin embargo, tiene un sobrecosto para los establecimientos farmacéuticos, por la inmovilización de estos fármacos en sus anaqueles.  

El gobierno es consciente que en el Perú no existe control de precios. Además, que la obligación de mantener un stock de medicamentos genéricos en las farmacias y boticas implica que, el sobre costo que ocasiona, sea transferido al consumidor, y que se incluyan también los “genéricos de marca”; peor aún, debido al “substock” declarado del sector público, se generará una alta demanda al sector privado, que ocasionará escasez e incremento de precios. En consecuencia, esta falta de previsión del Minsa no podrá ser cubierta, así se apele al aludido decreto supremo. Por eso, el ministro de Salud ha señalado “que ante la variante ómicron se ha creado un mayor consumo de medicamentos en todo el país, respetamos la libertad de empresa, pero lo que no vamos a permitir es que pase lo que sucedió en la primera ola”. También dijo que “para implementar el tope de precios de los medicamentos” los miembros del Poder Ejecutivo tendrán reuniones con representantes de farmacias, clínicas y empresarios proveedores de oxígeno. Tiene que haber un límite, un techo en los precios”. Esta ruta ya es conocida. ¡Corregir la negligencia, abastecer y suministrar!