Con los mismos decibeles con los que se reclama gobernabilidad, honestidad y eficiencia al régimen político que se supone conduce al país desde el 28 de julio de 2021, tenemos que reclamar el cumplimiento de la Constitución, a quienes soterradamente y en nocturnidad tocan las puertas de los cuarteles para que depongan al presidente actual y al equipo de demoledores de nuestra Democracia que lo acompañan.
Buena parte de los dos siglos de nuestra historia republicana, se han caracterizado por las interrupciones de los gobiernos legítimamente establecidos, mediante los llamados “golpes de Estado”, sea que fueren conducidos solamente por las Fuerzas Armadas y Policiales o coludidas con algunos sectores civiles del país.
Los muy mayores todavía recordarán los pronunciamientos militares de Manuel A. Odría y de Juan Velasco Alvarado, e incluso el apoyo de altos mandos militares al pronunciamiento del 5 de abril de 1992, más conocido como el autogolpe de Alberto Fujimori.
La posibilidad de golpe de Estado o pronunciamiento militar para sustituir al gobierno, hoy en día, además de estar proscritos por la ley, no son posibles, los tiempos han cambiado y ello deben tenerlo muy presente los revolucionarios de WhatsApp que suponen pueden influir en las Fuerzas Armadas y Policiales.
Los motivos por los cuales los pronunciamientos militares están fuera de época y no son factibles, son diversos y, entre ellos podemos enumerar los siguientes. Primero porque las Fuerzas Armadas y Policiales, si bien tienen derecho a voto, no son deliberantes y están subordinadas al poder constitucional, no a cualquier poder, sino únicamente del que emana de la Constitución.
Cualquier tipo de pronunciamiento armado, deponiendo al Presidente de la República, así proclamado por el JNE, constituye delito en que pueden entrelazarse la rebelión, la conspiración y la sedición, entre otros, además del de instigación que se puede atribuir a quienes desde la civilidad propugnan el pronunciamiento militar. Dichos delitos están tipificados en el Código Penal y con duras penas por su perpetración.
Pueden pasar cinco, diez o quince años, pero al final los brazos de la Justicia alcanzarán a los transgresores del orden constitucional y sufrirán pena privativa de la libertad. Aún hay miembros de las FFAA que están sufriendo condena por ello.
Ni la amnistía ni tampoco el indulto o la conmutación de penas alcanzarán a quienes se levanten en armas, pues pese a que la primera es atribución parlamentaria y los otros presidencial, en la práctica el Sistema Interamericano de DD.HH. y la administración de justicia local, los han dejado sin efecto cuando fueron concedidos. Hoy no valen nada.
Por otro lado, los mandos militares no pueden garantizar el seguimiento de las tropas, tratándose de golpe de Estado y, si las cúpulas militares y policiales son sustituidas ilegalmente, los que les siguen en grado, poco o nada harán, pues se les abre oportunidad de ascenso. Como descorchar una botella de espumante, en que sale lo de arriba y sube lo que le sigue.
Igual como se infiltran los agentes del orden en organizaciones criminales, también pueden ser infiltradas las FF.AA. y Policiales, por personal extraño, que podría hacer abortar cualquier pretensión de levantamiento armado.
En adición, los altos mandos andan contentos en su zona de confort, que no quisieran ponerla en riesgo.
Solo a mentes afiebradas se les puede ocurrir pensar en golpes.
