Si bien es verdad que muchas veces los organismos del Estado requieren información o estudios especializados, ello debe ser excepción y no uso cotidiano, como se ha venido observando, lo que ya pasa a ser escándalo público.

Los ingresos del Estado están constituidos principalmente por los impuestos y los contribuyentes, de todo tamaño, tenemos el derecho de exigir que las inversiones y gastos corrientes del Sector Público, se empleen adecuadamente y, que las contrataciones estén subordinadas a las normas presupuestales. El ciudadano más modesto es contribuyente, puesto que cuando adquiere cualquier producto, está pagado el Impuesto General a las Ventas.

Entre las normas presupuestales en el presente año, el límite de contratación directa de consultorías individuales, esto es para ser proporcionadas por personas naturales, es de sesenta mil soles.

Hasta allí todo muy bien, pero es el caso que cuando se contrate las asesorías o consultorías, ellas deben ser solo si realmente se requieren, cuando hay un servicio que es necesario para el Estado, pero cuando ellas sirven para dar regalos a allegados, amigos, correligionarios de agrupación política e incluso compañeros de amorío, la cosa reviste suma gravedad que hasta podría llevar a quienes solicitan el servicio como a quienes se supone lo prestan, a pasar por el Palacio de Justicia, denunciados por perpetración de delito.

Entre las distintas modalidades para hacerse indebidamente de los recursos fiscales, a través de consultorías, está el “pitufeo” de ellas, las que se dividen en varias pero que en realidad son parte de una misma prestación. Se dan así maña para evitar los concursos y contratación simplificada de que trata la Ley General de Presupuesto.

El tema es de tal gravedad que el Ministro de Educación, en acción que lo enaltece, ha informado al país sobre las escandalosas contrataciones de consultorías en el sector a su cargo, que en los últimos años han sido millonarias, pero innecesarias. Si los recursos mal asignados a consultorías hubiesen sido útilmente empleados tendríamos más escuelas, o las que existen con mejores instalaciones. Es un crimen observar el estado de numerosas escuelas, sin siquiera tener los más elementales servicios sanitarios y los alumnos en lugar de estar en carpetas, reciben sus clases sentados en ladrillos.

Pero hay algo más grave aun que lo reseñado, como son los nombramientos de asesores en las reparticiones públicas.  Hasta el más pinche director de los entes estatales tienen asesores, lo que nos lleva a preguntar ¿cuáles son los conocimientos y experiencia de tales funcionarios si es que necesitan de asesores que les digan qué hacer.  Se supone que hay funcionarios y servidores públicos de planta, que deberían hacer sus funciones sin necesidad que les estén soplando lo que deben o no deben hacer.

Entendemos que en los altísimos cargos como ministros y vice ministros, requieran de consejo, pero ello no puede ser regla en toda o casi toda la administración del Estado, como  cotidianamente leemos en “El Peruano”, donde se publican los nombramientos.

Los órganos de control tienen que salir de su letargo y hacer su tarea para impedir lo que se ha vuelto una horrorosa y onerosa corrúptela.