Por Antero Flores-Araoz
La situación en que nos encontramos es sumamente preocupante, estamos inmersos en una gravísima crisis política y social la que afecta también a la economía, por lo cual escala a niveles francamente alarmantes.

Luego de un festival de transferencias de gobierno en muy pocos años, e incluso con varios congresos que se han sucedido en las funciones parlamentarias, parecería que no hemos aprendido o se ha aprendido muy poco, pues lejos de ponerse correctivos las cosas empeoran.

No hay aun diálogo entre los representantes del Estado y los que reclaman por todo, como tampoco se evidencia quienes lideran la protesta que se tornó en violenta y que ya ha cobrado muchas vidas, enlutando a diversidad de familias. Si es que no se sabe con quién dialogar, así se tuviese facilitadores del diálogo, para lo cual se ha ofrecido la Iglesia Católica, seguiremos entrampados.

En el Congreso, pese a los esfuerzos de su mesa directiva, están inmovilizados, mucha labia y poca acción, como consecuencia del crecido número de bancadas parlamentarias originadas en un proceso electoral atípico como fue el del 2021, sin fortaleza de lazos partidarios y con presencia de aventurerismo desprovisto de claras convicciones democráticas.

La anomia parlamentaria tiene que concluir, pues deben reencausarse las decisiones para viabilizar el adelanto de elecciones, así no nos guste, para lo cual hubo cierto consenso, pero al no lograrse los votos suficientes, seguirá el entrampamiento y las protestas.  Es hora de dejar posiciones extremas y enrumbarse a decisiones transaccionales, no cabe otra cosa pues las posturas irreductibles solo llevan al despeñadero.

El Ejecutivo está para gobernar y tiene que cumplir con ése papel, se trata además de un gobierno de transición que no debería tener metas ambiciosas, pues para ellas no hay tiempo.  Tiene que administrar lo básico, destrabar procesos e inversiones y recuperar la paz y tranquilidad pública, para lo cual evidentemente tiene que empoderar a la Policía y Fuerzas Armadas, que ante el vandalismo no pueden ser casi espectadoras, tienen que actuar e incluso defenderse de las agresiones de que son víctimas, como si para ellas no tuviesen vigencia los Derechos Humanos.

Insistimos, la Policía con el apoyo de las Fuerzas Armadas deben cautelar el orden público y, si él se altera o afecta, pues recuperarlo. Desde el Gobierno tiene que dotárseles de los recursos e implementos para cumplir con su cometido.

En relación con la Justicia, el Ministerio Público tiene que estar en la misma onda que la Fiscal de la Nación, poniendo pie en el acelerador para las investigaciones del vandalismo del que todos somos testigos.  Si es que no se apresuran las investigaciones, no será parte de la solución sino de los problemas no resueltos. Igual tenemos que decir del Poder Judicial, que no entiende que estamos en una serísima emergencia y no puede seguir dormitando sobre los expedientes.

Si todas las autoridades cumplen, no diremos a cabalidad, pero por lo menos razonablemente sus obligaciones, como se dice, otro gallo cantaría.
¡Pónganse a trabajar!