RCR, 01 de julio de 2026.- Miguel Ángel Ibarra, politólogo y analista político, sostuvo que la primera decisión de la presidenta electa Keiko Fujimori debe ser la conformación de un gabinete ministerial que brinde un clima de tranquilidad y demuestre experiencia política.
Agregó que este equipo de trabajo debe mantener una postura de neutralidad respecto a la reciente contienda electoral, evitando ser percibido como un «gabinete de revancha» para enfocarse en reflejar los consensos necesarios con un Congreso ahora dividido en Senado y Cámara de Diputados.
Ibarra identificó al fenómeno de El Niño como el reto más urgente que enfrentará el nuevo gobierno debido a su impacto en la infraestructura vial y sectores productivos como la pesca y la agricultura. El analista advirtió que la falta de predicción e inversión histórica obliga a una respuesta rápida ante los desbordes y situaciones climáticas que afectarán a todo el país, golpeando directamente la economía nacional.
El politólogo subrayó la necesidad de abordar la «intranquilidad» ciudadana frente al sicariato, los secuestros y el crimen organizado que afecta tanto a la población como a la empresa privada. Ibarra señaló que existe un cuestionamiento a la forma en que el sistema de justicia y la policía tratan la delincuencia, lo que sitúa a la seguridad ciudadana como el segundo eje prioritario en la agenda inmediata del Ejecutivo.
El analista político explicó que la ausencia de una mayoría absoluta en el Parlamento obligará al partido de gobierno a buscar consensos para viabilizar múltiples reformas. Agregó que la experiencia política será determinante para manejar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, asegurando una gobernabilidad democrática que permita la aprobación de legislación delegada y el cumplimiento de la agenda país.
Miguel Ángel Ibarra también advirtió sobre la necesidad de que el Congreso realice una reforma integral de la ONPE, el Reniec y el Jurado Nacional de Elecciones para prevenir situaciones graves que perjudiquen la estabilidad democrática.
El analista enfatizó que se debe fiscalizar la función del sistema electoral para evitar que se repitan problemas críticos, como mesas no aperturadas o contratación de tecnologías innecesarias, que ya han puesto en jaque a la democracia en procesos anteriores.













