Señala que hay una fiebre del acero en las construcciones en la Amazonía peruana.
RCR, 14 de noviembre 2026.- Los agricultores que conservan árboles en sus parcelas de la Amazonía peruana enfrentan trámites costosos, oficinas que aplican criterios contradictorios y dificultades para aprovechar legalmente la madera.
Esta situación desalienta a las familias que buscan mantener y restaurar sus bosques, advirtió David Landa, ecologista e integrante del colectivo Moyobamba 500 Años.
“En las chacras hay familias dispuestas a sembrar, restaurar y cuidar el bosque. Sin embargo, cuando buscan hacerlo dentro de la ley, se encuentran con oficinas que se contradicen y trámites muy costosos. Todos los testimonios que hemos recogido señalan que estos procedimientos llegan a convertirse en oportunidades de extorsión y de situaciones ilícitas, con autoridades inescrupulosas, desde la propia función forestal hasta la Policía”, afirmó Landa en la secuencia Reflexiones Amazónicas de Red de Comunicación Regional (RCR).
Relató el caso de un agricultor que conservó durante años árboles de huacapú en su pastizal. Uno de ellos cayó por efecto del viento y el propietario decidió venderlo para obtener un ingreso. Sin embargo, terminó denunciado ante la Fiscalía y la Policía, pese a que había conservado los ejemplares siguiendo la recomendación de un ingeniero.
“Él había recibido el consejo de un ingeniero de que conservara sus huacapús porque eran muy valiosos y podía obtener dinero de ellos. Cuando uno de esos árboles cayó, lo vendió y tuvo problemas. Después regresó y tumbó todos sus huacapús. Se acabó. Su respuesta fue: ‘A mí no me hables más de conservación’. El sistema termina enseñando que cuidar un árbol puede traer consecuencias terribles para el propio agricultor”, manifestó.
Landa sostuvo que este tipo de experiencias perjudica el desarrollo de la pequeña actividad maderera en San Martín.
La “jubilación con reforestación”
También propuso vincular la reforestación con el patrimonio familiar, bajo el concepto de una “jubilación con reforestación”, para que los árboles representen un respaldo económico y puedan dejarse como herencia a los hijos.
Landa también cuestionó la aplicación de los contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales (CUSAF), destinados a formalizar las actividades de familias agricultoras asentadas en zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas.
Mencionó los casos de pobladores ubicados en los límites de la Cordillera Azul, el Bosque de Protección Alto Mayo y la Cordillera Escalera, en Tarapoto, donde considera que las condiciones de estos contratos no favorecen suficientemente la conservación.
“Si soy un agricultor que tiene bajo su posesión 50 hectáreas, quiero conservar 48 y utilizar solamente dos, pero cuando solicito mi contrato me lo dan por las cinco hectáreas que cultivo. En cambio, al que ya tumbó las 50 hectáreas sí le dan el contrato por toda esa extensión. Es una situación absurda, cuando deberíamos premiar y estimular la conservación”, cuestionó.
Hay una fiebre del acero
Advirtió que las restricciones al aprovechamiento de la madera también están modificando las actividades productivas y los materiales utilizados en las construcciones amazónicas. Señaló que los carpinteros madereros están desapareciendo y cediendo espacio a los carpinteros metálicos
“Las construcciones en la Amazonía están ya basándose ahorita en el acero y cuando tú trasladas acero para las construcciones y desplazas a la madera, tú lo que estás haciendo es aumentando la brutalmente la huella de carbono para el caso de edificaciones dentro de la Amazonía. Eso es una paradoja terrible”, contó.
Propone la forestería familiar
Frente a este escenario, Landa planteó fomentar la forestería familiar mediante requisitos adecuados a las condiciones de la Amazonía, unificar las decisiones en una autoridad técnica y establecer un trámite único. También consideró necesario reducir la dispersión de competencias entre las oficinas regionales ambientales, de ordenamiento territorial y de gestión forestal, cuyos criterios, según dijo, generan confusión entre los productores.
“Necesitamos incorporar trazabilidad digital georreferenciada para reconocer a quienes conservan el bosque y facilitar prioritariamente sus actividades, y distinguirlos de quienes están traficando con la madera. En Japón, Costa Rica, Colombia y, sobre todo, Ecuador, ya se utilizan sistemas de georreferenciación de las plantaciones mediante aplicaciones que permiten verificar en tiempo real la procedencia de la madera y autorizar su traslado”, explicó.
Propuso desplegar extensionistas que recorran las chacras para orientar a los productores y elaborar mapas forestales desde el territorio. Consideró que las familias deben recibir asistencia técnica para conservar sus árboles, aprovechar legalmente la madera y convertir la reforestación en un patrimonio para sus hijos. De esa manera, la actividad forestal familiar podría contribuir tanto a la economía rural como a la conservación de los bosques amazónicos.
