Como es sabido, la seguridad jurídica es uno de los pilares del Derecho. Significa que, por ejemplo, un contribuyente -y más en estas circunstancias difíciles-, debe saber a qué atenerse en su empresa, en razón de las normas que están vigentes y aplicables.

Pero si la legislación no se actualiza a tiempo, o las Leyes y/o Decretos Legislativos no se reglamentan lo más rápido posible, la incertidumbre ha de campear.

Y en lo fiscal, planificar nuestro flujo de caja destinado a la Administración Tributaria es clave para poder salir airoso en esta coyuntura actual, con una cadena de pagos ya cortada.

Por ejemplo, con la prórroga de la vigencia del estado de emergencia sanitaria,  los vencimientos tributarios de fondo y forma, deberían ser inmediatamente  prorrogados, pues las empresas no cuentan con la posibilidad de cumplir de manera idónea con la determinación de los tributos. Un respiro adicional se hace más que necesario. Pero estamos a menos de un mes de los vencimientos prorrogados a junio y no aparece nada.

Por otra parte, recordemos que se ha dictado el Decreto Legislativo 1487, que contiene el Régimen especial de Aplazamiento y/o Fraccionamiento (RAF), que no es aplicable aún ante la falta de sus normas reglamentarias y complementarias.

Estos ejemplos son casos emblemáticos de una necesidad perentoria de que las normas se publiquen a tiempo, con la finalidad de evitar decisiones mal tomadas a último momento, sin posibilidad de diseñar las mejores estrategias para el pago eficiente y oportuno de los tributos, obviamente dentro de lo que es la economía de opción y dejando de lado actos simulados o elusorios.

No olvidemos pues que una incertidumbre legal solo causa más perjuicios a los ya complicados contribuyentes.

Y una confianza recíproca es lo que se debe mostrar en ambos lados de la moneda: por parte del Estado, con la dación de una norma clara y oportuna,  y por parte del deudor tributario, con una aplicación eficiente y responsable de las reglas de juego.