Exministra Astete se enfrenta a las principales autoridades del Ejecutivo.

El 22 de marzo del 2021, la presidente del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, mediante sus redes sociales ha salido a contradecir las afirmaciones de la exministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete. En el mismo sentido, mediante un oficio, el propio presidente Sagasti expresó su negativa de acudir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, y rechazó las afirmaciones de la ex canciller. La ex ministra Mazzeti no confirmó ni negó el hecho, aunque señaló “me temo que de eso no tengo ningún recuerdo”. Además, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, se excusó de acudir a la citación bajo el argumento de encontrarse con una agenda recargada con otras actividades programadas con antelación.

Tres son los aspectos de controversia, generados por las declaraciones vertidas por la ex canciller. Primero, que “recibió la anuencia del presidente Sagasti” para vacunarse. Segundo, que cuando un medio de comunicación evidenció que el expresidente Vizcarra se había vacunado a escondidas, el 2 de octubre del 2020, en Palacio de Gobierno, la primera ministra le habría sugerido a la ex canciller “que guarde reserva” por haberse vacunado. Y tercero, rechazó haber favorecido a la empresa SinoPharm “a cambio de recibir la dosis de vacuna”. Además, precisó que solo ha recibido una sola dosis. El aspecto más grave para el Gobierno es que la ex canciller se ha ratificado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y, como consecuencia, pueda ser arrastrada en el proceso por infracción constitucional que se les sigue, junto con el expresidente Vizcarra y las ex ministras Mazzeti y Astete.

Sin embargo, el meollo central del caso Vacunagate es la aprobación de un protocolo de ensayos clínicos que contiene una cláusula que permite que los investigadores y el personal relacionado sean vacunados, “como medida de protección adicional”. Y otra cláusula que indica que si los resultados del ensayo clínico son favorables, el Perú comprará esas vacunas. Además, y no es poca cosa, que el protocolo haya servido de courier para transportar e ingresar al país un lote de 1,200 dosis de vacunas para la Embajada china. Es decir, ha existido una distorsión en la naturaleza del protocolo de investigación científica, porque solo debió enmarcarse en asegurar vacunas candidatas de las cepas Wuhan y Beijing, así como del placebo, para los voluntarios del ensayo clínico. La aprobación del protocolo con esas características no se sujeta a la Ley General de Salud (Ley 26842), al Reglamento de Ensayos Clínicos (DS 021-2017-SA) ni al Reglamento flexible y específico para ensayos clínicos necesarios para enfrentar la pandemia Covid-19 (DS 014-2020-SA), promulgado el 11 de abril del 2020.

Como sabemos, el pe los ensayos clínicos ha sido aprobado por una Resolución Directoral del Instituto Nacional de Salud (RD 306-2020-OGITT/INS), del 18 de agosto del 2020, que debería enmarcarse en las normas ya señaladas, al margen de si la Universidad Peruana Cayetano Heredia, como ente patrocinador, lo haya solicitado de esa manera. Además, si juzgaban indispensable que el protocolo de ensayos clínicos tenga “esas características especiales”, habría sido necesario que el Poder Ejecutivo proponga un proyecto de ley para modificar la Ley General de Salud, e incluya un requerimiento que le habilite a modificar el Reglamento de ensayos clínicos. Eso no ha ocurrido.

En ese contexto, es necesario tomar en cuenta que ya desde el 8 de junio el embajador de Perú en China visitó las instalaciones de la empresa SinoPharm y expresó “el alto interés del gobierno del Perú, de realizar ensayos clínicos en nuestro país.” Luego hubo una reunión, realizada en modo virtual el 9 de julio del 2020, de los ministros Gustavo Meza Cuadra de Relaciones Exteriores y Víctor Zamora de Salud con los representantes del laboratorio Wuhan y el presidente de la empresa China SinoPharm. A esa reunión asistieron, además, funcionarios del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud y el embajador de Perú en China, y se aclararon las características normativas de nuestro país, así como el envío por parte de SinoPharm de los resultados de los ensayos clínicos de las fases 1 y 2 a la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Como se puede apreciar, la organización de los ensayos clínicos ha obedecido a una preocupación e intervención desde el más alto nivel de Gobierno. Además, el Gobierno chino, a través de su embajada en Lima, ha señalado que “el ensayo clínico se realiza cumpliendo con los trámites requeridos por las autoridades peruanas.”

A estas alturas cabe preguntarse, ¿por qué el Gobierno del expresidente Vizcarra no presentó un proyecto de ley que modifique la Ley General de Salud e incorpore la posibilidad de que se vacune, al margen de los ensayos clínicos, a los investigadores y al personal relacionado, incluyendo al presidente y a los ministros? Es obvio que hubiese sido un escándalo. A pesar de esa falencia, ahora resulta que los altos funcionarios se escudan en “el protocolo con características especiales” y afirman que solo se trataría de un error y quizá, además, de un tema ético. Las contradicciones entre la exministra y el Gobierno solo son la expresión del conflicto entre el ocultamiento y la transparencia. ¡Basta de impunidad!