Por Ántero Flores-Aráoz

Aunque pareciera ser en broma, alguna connotación seria se tiene cuando se reclama más siquiatras en el Perú. Al percibir que el crecimiento a la adicción de alcohol y de drogas ilegales es casi permanente, tenemos que preocuparnos pues no solamente afecta a la salud del consumidor, a su situación dentro de su familia, centro de estudios o de trabajo, sino también a la sociedad, en especial a quienes tienen trato cotidiano con los adictos.

Las afecciones mentales no han sido siempre bien tratadas en nuestro país, pues desde tiempo lejano -como en otras partes del universo- se consideraba a dichas enfermedades como algo que atentaba contra el prestigio familiar, siendo las personas que padecían alteraciones mentales, estigmatizadas por la sociedad, viéndose los familiares obligados a ocultarlos de por vida, incluso entregándolos a órdenes religiosas.

Usualmente los establecimientos de salud, salvo los especializados como el longevo Hospital Víctor Larco Herrera, prestaban solamente atenciones para la salud física, pero no la mental, que lamentablemente no se le daba la importancia que tiene.

Con el correr de los años, y debido a comportamientos atípicos, la sociedad empezó a preocuparse por la salud mental de todas las personas, aunque con mayor incidencia en las escuelas en que los estudiantes eran sometidos a exámenes, ya no solo físicos, sino también mentales.  Esto mismo se estableció para contratar a trabajadores que eran sometidos a exámenes de comportamiento y similares, pues los empleadores -con razón- no desean tener en su planilla a personal inestable, por decir lo menos.

Los seguros por lo general, tanto públicos como privados, tampoco consideraban en las pólizas de salud, como dolencias incluidas en sus coberturas, a las enfermedades mentales.

En nuestro país para atender adicciones y temas de comportamiento, se crearon las llamadas “comunidades terapéuticas”, inicialmente informales y que luego de varios escándalos de conocimiento público, el Estado las regula y fiscaliza, concluyendo que las hay eficientes y otras engañosas con carencias de tratamiento, pero con exceso lucrativo.

La desatención en forma suficiente de la salud mental, ha motivado que en el Congreso de la República se apruebe la “Ley de Salud Mental”, para su aplicación en ámbitos preventivo, promocional, curativo, rehabilitador y de reinserción social y con visión integral.

La Ley en cuestión, aunque bastante ambiciosa, garantiza el acceso a servicios de salud mental y medicamentos, para los usuarios que lo necesiten, mediante políticas de aseguramiento y cobertura en los sectores público y privado. Decimos “ambiciosa”, pues todavía no hemos llegado a satisfacer adecuadamente las necesidades de nuestra población en salud física, siendo testigos del maltrato que cotidianamente se dispensa a los usuarios de los servicios de salud del Estado, con excepción de EsSalud que viene mejorando la atención a sus asegurados.

La dación de la Ley que motiva este artículo es una buena señal del Congreso, que ojalá se dedicara a temas importantes y no a la grita desaforada y a esfuerzos legislativos intonsos.  También allí urge siquiatra.