Gobierno prorroga el estado de emergencia.

El Gobierno ha promulgado el Decreto Supremo 149-2021-PCM que prorroga, una vez más, el Estado de Emergencia Nacional debido al Covid-19. Es necesario resaltar que con esta son once, las veces en que se ha prorrogado el Estado de Emergencia Nacional que restringe una serie de derechos constitucionales, como los relativos a la libertad y a la seguridad personal, a la inviolabilidad de domicilio y a la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. Es decir, los incisos 9, 11, 12 y 24 (en el apartado f) del artículo 2 de la Constitución Política. Asimismo, encarga a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para que “velen por su irrestricto cumplimiento”.

A esto se suma la autorización excepcional vigente para el uso la geolocalización de los teléfonos móviles personales de todos los peruanos, y la persistencia en el Ministerio de Defensa de la Operación Territorial para el Tratamiento y Aislamiento (Operativo Tayta). Una vez más, el componente represivo, militar y policial, así como, el hospitalario, son el centro de la lucha contra la pandemia. Esto ocurre a pesar de que el Gobierno, durante la campaña electoral había prometido “no más encierros” y propugnado la más amplia participación de la comunidad. 

El Gobierno, a falta de una nueva orientación estratégica y de un plan pormenorizado que la sustente, ha tenido que prorrogar con premura las restricciones vigentes, porque su plazo estaba ya casi vencido. En ese sentido, ha ampliado la vigencia de las medidas restrictivas de los derechos constitucionales heredadas de los gobiernos de Vizcarra y Sagasti para enfrentar el Covid-19, hasta el 5 de septiembre del año 2021. Sin embargo, mediante disposición complementaria final del Decreto Supremo 149-2021-PCM, se ha otorgado un plazo de diez días para que el Ministerio de Salud (Minsa) presente a la Presidencia del Consejo de Ministros una propuesta “de nuevas medidas que debe seguir la ciudadanía” para prevenir la propagación y el contagio.

El otorgamiento del plazo perentorio debería servir para que el Minsa abandone el enfoque hospitalario, militar y policial, y cumpla con su promesa de implementar el enfoque comunitario con el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención de Salud. Mientras tanto la población continuará bajo la inmovilización social obligatoria, según el nivel de riesgo en que se ubiquen las provincias y departamentos del país. También se mantendrá la restricción del ingreso al territorio nacional de extranjeros no residentes que provengan de Sudáfrica, Brasil o India, o que hayan realizado escala en esos países en los últimos catorce días.

Los obstáculos que debe sortear el Gobierno para implementar un nuevo enfoque contra la pandemia Covid-19 con una estrategia diferente a la ejecutada por los gobiernos anteriores son, en primer lugar, la proximidad de la presentación del Consejo de Ministros ante el Congreso de la República para “obtener el voto de confianza” que obliga a “evitar las olas” y a preservar las experiencias anteriores.

En segundo lugar, la ausencia de planes concretos contra la pandemia durante la campaña electoral, la escasez de cuadros técnicos entre sus filas y las alianzas políticas para la segunda vuelta con fuerzas políticas con visiones sanitarias disímiles que, por tanto, requiere tiempo valioso, para lograr consensos.

En tercer lugar, una de las actuales fuerzas políticas aliadas en el gobierno, ha conducido el Ministerio de Salud y el Sistema Nacional de Salud, bajo la gestión del exministro Ugarte, por tanto, existe la tendencia y el poder para preservar sus lineamientos “a toda costa”.  

En cuarto lugar, el actual ministro de Salud, Hernando Cevallos, ha ratificado en sus cargos a los funcionarios de la gestión anterior liderada por el exministro Óscar Ugarte. Recordemos, que, durante la transferencia de gobierno, los funcionarios han ocupado los dos lados del mostrador, es decir, ellos se entregaban los cargos a sí mismos.

En quinto lugar, al haberse cambiado solo al ministro de Salud, éste se ha visto obligado a adaptarse a los altos funcionarios y a los lineamientos inerciales de la gestión del anterior ministro.

En sexto lugar, el exministro, Óscar Ugarte, ha aguzado desde el llano, sus críticas contra el nuevo ministro, que, dada la coyuntura, servirán de insumos para los congresistas durante el “voto de confianza” y, por tanto, podría incrementar su posibilidad de retornar al Minsa.

En séptimo lugar, existe vasta corriente de opinión, en la que se incluyen congresistas, que exigen la renuncia parcial o total del gabinete, esta última, acarreada por la dimisión del primer ministro.

En octavo lugar, las dificultades económicas, alza del dólar, alza de precios de productos esenciales de la canasta familiar e inestabilidad económica.

En noveno lugar, las constantes movilizaciones ciudadanas, en las diversas regiones del país contra el gobierno, que generan inestabilidad política y social. 

A pesar de todo, la proximidad de una tercera ola de la pandemia obliga a realizar cambios. Persistir en los errores del pasado, significará condenar a muerte a miles de peruanos. Es urgente abandonar el enfoque hospitalario militar y policial.

Ha llegado el momento de implementar el enfoque comunitario con el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención de Salud y avanzar en la conformación de la Redes Integradas de Salud. También, es necesario corregir el equivocado y estandarizado Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, que se basa en segmentos poblacionales por edades, a otro nuevo, con enfoque territorial, universal, bajo criterios geográficos, de riesgo e intercultural, entre otros. ¡Cambiar y trabajar, en salud, hay mucho por hacer!