Muchos discuten si estamos en una recesión económica o ya pasamos al grado de depresión. La verdad es que poco importa tal discusión bizantina, cuando a diario percibimos que no hay recursos, que la desocupación ha llegado a rango inverosímil, que ha aumentado considerablemente el incumplimiento de obligaciones financieras, que en algunos sectores se ha roto la cadena de pagos, que se han reducido las exportaciones y que lo que producen nuestras empresas, simplemente no se vende en volúmenes “interesantes”. Además, la recaudación tributaria se ha empequeñecido.

Aunque no quisiéramos estar en el papel de ave de mal agüero, a todo lo expuesto se agrega el hecho que quienes están llamados a enfrentar el COVID 19 y mitigar sus efectos sanitarios y, porque no decirlo, también económicos, no muestran eficiencia y, por más que se esfuercen como nos repiten incansablemente, con ello se podrán herniar, pero no resuelven la situación.

Como ya he repetido hasta el cansancio, es nuestra deficiente y entorpecedora administración pública, no hay real ánimo de cambio, por lo que, desde las más altas esferas gubernamentales, se deberían recostar en la actividad privada, no solo para que señale con dedo acusador, las deficiencias a las que me refiero, sino también las acciones para lograr correcciones.

Si es la actividad privada quien sufre con los aterradores, morosos y costosos absurdos trámites, ella es la llamada a señalar lo que espanta a la inversión y como se debería corregir. No entendemos el motivo, para no llamar a los que sufren por la tramitología estatal, a que ayuden en la reformulación y reducción de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA).

Es hora de sacar adelante todos los proyectos mineros, petroleros y energéticos paralizados por artificiales (para no decir antipatrióticos) supuestos conflictos medio ambientales. Se debe evitar llamar a las inversiones en dichos sectores como “extractivistas”, con un tonito como si fueran ladrones de nuestros recursos naturales, que solo se les da valor, cuando salen a la superficie. Es un crimen que el litio siga en espera.

Se debería reajustar el Presupuesto General de la República, proyectado para el próximo año, no solo porque los ingresos serán menores, sino porque debemos impedir todo dispendio y circunscribirnos a los gastos indispensables.

En lo tributario habrá que repensar las exoneraciones, pero también dejar de mirar a los contribuyentes como si todos fuesen evasores. Tratándose de las MYPES que mueven gran parte de la economía del país, pues llamen a la Federación de Cámaras de Comercio, a la Cámara de Comercio de Lima y a la CONACO, que son quienes más conocen de su problemática y pueden aportar soluciones, entre ellas mostrar en todos los comprobantes de pago el IGV, para que, a todos los compradores de bienes y servicios, les sirva como deducción en el sistema IVA.

Sugiero terminar con el aquelarre de los funcionarios que preparan los protocolos de reanudación de actividades, que parecerían empeñados en que no exista reapertura, por las exageradas exigencias y, llamar la atención a los inspectores de SUNAFIL y de las municipalidades, que se esmeran en hacer la vida imposible a los emprendedores.

Si se quiere, se podrá.