No ha aportado un análisis de la situación actual.

El 16 de diciembre del 2020 el presidente de la República realizó una extensa conferencia de prensa en Palacio de Gobierno con ocasión de cumplir un mes desde que asumió el gobierno. Ha llamado la atención el modo reiterado en que se ha referido a su propio gobierno interino como uno de transición y emergencia. Es obvio que es una etiqueta que a su gobierno no le corresponde, porque no es de emergencia ni es de transición, y parece que trata de construir un nuevo relato que resalte una epopeya dentro de la historia del Perú. Además, el uso de un lenguaje generalizador, burocrático y rimbombante, sin precisar aspectos concretos, han dado la sensación de desconocimiento o improvisación. A esto se suma que la escenografía ha sido poco feliz, en especial, cuando se ha evidenciado a un gabinete cansado y dormilón.

En relación con la pandemia, ha faltado el diagnóstico. No ha aportado un análisis de la situación actual, basado en cifras por regiones y a nivel nacional, y tampoco las tendencias epidemiológicas de la pandemia. Ha considerado necesario continuar con la cuarta fase de reactivación económica, con la totalidad de las actividades en funcionamiento, aunque con limitaciones en los aforos. No ha respondido el reclamo de algunos expertos, de volver a las medidas restrictivas que se tomaron en la tercera fase de reactivación económica, y menos a la ampliación del toque de queda. Es decir, todo se mantendrá igual, salvo que ha declarado los días 24 y 31 como no laborables, pero con la obligación de los trabajadores de compensar esas horas en una fecha posterior. Además ha prohibido, sin aportar justificación alguna, la circulación de los vehículos particulares los días 24, 25 y 31 de diciembre y el primero de enero del 2021. 

La vacuna contra el Covid-19 ha merecido gran parte del tiempo de la conferencia de prensa. Las explicaciones han sido largas, llenas de evasivas y justificaciones. No ha habido precisiones y se ha escudado en la confidencialidad de las negociaciones y en el cambiante mercado de vacunas. Ha reiterado aquello que un día antes había señalado la ministra de Relaciones Exteriores en el Congreso de la República; es decir, que el gobierno peruano ha firmado un convenio preliminar con la empresa Pfizer para obtener más de nueve millones de vacunas, pero que aún se negocia el contrato específico, que contiene el número de dosis de vacunas, el costo y las condiciones. En especial, las pólizas para el resarcimiento por la eventualidad de algún efecto adverso atribuido a la vacuna. 

En relación con la cantidad de dosis, ha señalado que, debido a problemas en la producción de las empresas, es probable que el número de vacunas que se reciba disminuya. Tampoco, ha precisado el precio. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que las vacunas aún se encuentran en fase III de experimentación y que han obtenido un permiso excepcional debido a la pandemia. Como sabemos, el riesgo-beneficio de las vacunas se evalúa recién en la fase IV, en la que concluye el ensayo clínico que, en el caso de estas vacunas, aún no se ha cumplido. Además, es importante un riguroso programa nominal de farmacovigilancia mediante el seguimiento, en tiempo real, de los vacunados para velar por la seguridad de los ciudadanos; pero también para robustecer los estudios de las nuevas vacunas. 

Las omisiones han sido clamorosas. Por ejemplo, no se ha referido a la estrategia que aplicará el gobierno en la lucha contra la pandemia; más aún cuando la vacunación tendrá un retraso por un tiempo que no se ha atrevido a señalar. Algunos medios internacionales pronostican que “el Perú tendrá vacunas recién el 2022”. Por tanto, era necesario que el gobierno señale si persistirá en la equivocada estrategia hospitalaria, militar y policial, o si implementará el enfoque comunitario con el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención y su alianza con la comunidad organizada. Es obvio que la falta de diagnóstico le ha pasado la factura al momento de plantear una estrategia. En consecuencia, no ha resaltado el enfoque comunitario con el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención. 

Más grave aún, ha sido guardar silencio, a pesar de las preguntas de los periodistas, sobre los problemas gremiales y sindicales que aquejan al sector salud, debido al incumplimiento por parte del gobierno de leyes, actas y pactos colectivos de los trabajadores, de los profesionales de la salud y de médicos. A ese silencio se ha sumado la derogación, por inconstitucional, de la Ley N° 31039, que reconocía parcialmente esos derechos. En ese contexto se imponía un adecuado test de proporcionalidad de derechos, porque si bien es cierto que hay escasez en la caja fiscal y el Congreso de la República ha vulnerado las competencias del presidente para manejar la hacienda pública, también es cierto que existe un incumplimiento sistemático por parte del gobierno de las leyes laborales, de las actas y de los acuerdos firmados entre las partes. Y sobre todo, por la existencia de grave riesgo a la salud de la población, causado por la pandemia. En estas circunstancias, el silencio del presidente –más aún por la derogatoria de la Ley N° 31039– demuestra frivolidad y desconocimiento de la realidad. El gobierno está en la obligación de proponer soluciones.