¿Qué versión quedará finalmente en los libros de historia?

La interpretación y la lucha por el relato hegemónico sobre los recientes hechos históricos (la vacancia presidencial del expresidente Martín Vizcarra y los gobiernos interinos de Manuel Merino y Francisco Sagasti) recién empiezan. La extraordinaria capacidad de comunicar de las redes sociales, las creencias y convicciones políticas, y la creación de un lenguaje apropiado para sustentar esas creencias, generan olas de desinformación que incuban y exacerban los conflictos sociales. Es el momento de los clichés y las etiquetas, de la división entre los “malos y los buenos”, entre “nosotros” y los “otros”. 

Hay ejemplos evidentes, como el uso de los términos “vacancia presidencial” y “golpe de Estado”, y todos los derivados de esa tipificación del hecho. Para el expresidente Vizcarra y sus seguidores, golpe de Estado; para el Tribunal Constitucional y la mayoría de los congresistas, vacancia presidencial constitucional. Sobre la denominación de los gobiernos interinos y complementarios de Merino y Sagasti, para el primero, dictatorial; y para el segundo, democrático y de transición. Sobre el mecanismo de toma de decisiones del Congreso, para unos, la existencia del ejercicio libre y democrático del voto por parte de los congresistas; para otros, la inexistencia de esa libertad. En este último caso, los votos serían producto de la “presión” de los empresarios, de la corrupción, de los “poderes fácticos” y de la protesta callejera. Es decir, sería risible el mandato constitucional del voto de conciencia y que no obedece a mandato imperativo alguno. 

Los ejemplos no agotan los temas, porque en el periodo previo a la vacancia del expresidente se agudizó la confrontación entre los poderes públicos, la pérdida de la eficacia y eficiencia gubernamental, y los recurrentes escándalos, relatados por los medios de comunicación, con relación a su vida privada y al manejo de la cosa pública. Resaltó la disonancia entre la estrategia de superioridad moral que pregonaba e implementaba y la cruda realidad. La discusión entre los congresistas no versaba entre la inocencia y la culpabilidad, sino sobre cuándo debería rendir cuentas ante la justicia: ya mismo o luego del próximo 28 de julio del 2021, en que culminaba su mandato. 

Para el expresidente y algunos congresistas existiría una separación entre la moralidad y los actos delictivos. Por tanto, las acusaciones de comisión de delitos o de la planificación concertada de versiones mentirosas para eludir la justicia no le arrebataba su moralidad. Sobre esa base, el Congreso no debería aplicarle la norma constitucional de la incapacidad moral permanente para vacarlo. El gobierno arrastró su propuesta en campaña, para ganar el apoyo de la población y desprestigiar al Congreso de la República. Sin embargo, otros congresistas señalaban que no existen esas cuerdas separadas y, por tanto, la comisión de delitos dolosos también acarrea inmoralidad; en consecuencia, la incapacidad moral permanente estaba plenamente justificada. Cuando el debate llegó a ese punto, la vacancia presidencial, era solo cuestión de número de votos. La vacancia presidencial que se produjo el 9 de noviembre fue sorpresiva por el resultado, pero respetó los plazos y el derecho a la legítima defensa. Los resultados fueron inesperados por el voto escondido de las bancadas, debido a que deseaban evitar los denuestos de la campaña gubernamental contra los congresistas. 

El expresidente Martín Vizcarra había fracasado en evitar la vacancia. Pero aún le quedaban dos recursos: el Tribunal Constitucional y las protestas con movilizaciones de la población, que permitiría legalizar la rendición “incondicional de los congresistas” para su reposición en la presidencia. También fracasó en ambos recursos. El Tribunal Constitucional no se pronunció y, por tanto, validó la constitucionalidad de su vacancia. Además las protestas y las movilizaciones solo alcanzaron para la renuncia del expresidente Manuel Merino. Tomaron otro curso que, lejos de reponer en el cargo a Vizcarra, auparon en la presidencia de la República al congresista Francisco Sagasti, del Partido Morado. Hasta la víspera, mediante comunicado público, ese partido le había prometido a Vizcarra reponerlo en la presidencia. 

Las movilizaciones y las protestas fueron vistas con agrado por la población que participó activamente, y los jóvenes se enrolaron en ella con decisión. Se ha constatado una sincronización de los medios de comunicación escritos y televisivos y la aparición masiva de multiplicadores multimedia en las redes sociales; pero también bloqueos de cuentas de opositores “mediáticos” a las protestas, los llamados trolls. Incluso Anonymous vulneró la frágil seguridad informática del Congreso de la República y de otros poderes del Estado. Además, el propio expresidente Vizcarra, en entrevista brindada a Gustavo Gorriti, el 11 de noviembre del 2020, publicada con el título de “Cómo derrocar un presidente”, señala que “a pesar de haber dejado el cargo de presidente, seguía coordinando con los exministros”. No se conoce el rol de los servicios de inteligencia, por obvias razones, pero al mantenerse aún los funcionarios de su confianza es probable que estuviera al tanto de lo que ocurría en el país. 

Queda para el análisis histórico, el rol jugado por las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, con el comunicado público de su Comando Conjunto, del 15 de noviembre del 2020, que señala “su total respaldo al pueblo y a la Constitución”. Horas después presentaría su renuncia el expresidente Manuel Merino. Además, luego de fracasada la elección de la candidata del Frente Amplio a la presidencia del Congreso y de la República, el 16 de noviembre del 2020, ocurrió una movilización de contingentes de reservistas de las Fuerzas Armadas, transmitida en vivo, que pedían que el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asuma el Gobierno y que luego convoque a elecciones, para acabar con la anarquía. Ese mismo día, el Congreso eligió al presidente Francisco Sagasti. La historia también juzgará el frustrado desacato fáctico de la Resolución de Vacancia del Congreso de la República y el rol de los líderes de los partidos políticos.