Estamos consternados, y digo solo consternados para no dramatizar, de la mala utilización de los recursos públicos, que salen de los impuestos que pagamos todos, hasta cuando simplemente compramos un jabón, tan necesario y además tan de moda por el COVID 19.

Ni siquiera nos referimos a innecesarias asesorías, cuando están los funcionarios públicos que pueden realizar los encargos que muchas veces se contratan fuera de los respectivos sectores. Tampoco nos referimos al pago de bienes y servicios, así como ejecución de obras, en montos exagerados a su real valor, que ya tiene el tufillo de corrupción, lo que debe ser investigado. Nos referimos a premios consuelos.

En efecto, es una pésima costumbre, pagar favores políticos con nombramientos en las esferas del poder, pero cuyas retribuciones se solventan con nuestros impuestos.
También es cuestionable que, sin necesidad alguna para el país, se le dé trabajo a los vicepresidentes de la República, cuando es sabido que su actuación únicamente se da en reemplazo del Presidente y, que mientras no lo sustituye, ni siquiera en el Despacho, no ejerce función alguna. Sin embargo, hemos visto que a un vicepresidente que se apartó del cargo de ministro de Estado, se le confirió premio consuelo de embajador.

Corren voces que a quien fuera congresista de PPK y luego designado ministro y más recientemente jefe del Consejo de Ministros del Presidente Vizcarra, se le nombraría embajador. No se puede otorgar premios consuelo y, menos por nada, a quien tuvo un desempeño poco prolijo y sin éxito. Esperemos que solo sea chismografía.

Hay otros ministros que después de dejar el cargo, se les lleva de asesores, sea al mismo ministerio en que se desempeñó o a algún otro. Podría entenderse que a quien fuera exitoso, se le pueda requerir para conceder valiosos conocimientos y apoyo, pero no se puede aceptar que quien fracasó, sea llamado a seguir embarrándola.

También, e increíblemente, por cierto, que se asigne movilidad sufragada por el Estado a quienes el cargo de ministros no llegó al mes.  Esto ya es de Ripley, pero peor es que el o los beneficiarios no renuncien al privilegio.

Ya parece rutinario, leer en el diario oficial “El Peruano” las resoluciones por las que se nombra asesores, hasta para secretarios generales o directores de ministerios, cuando ello debería estar restringido para los ministros, viceministros y titulares de organismos estatales y, ello, con racionales limitaciones.

La burocracia estatal sigue creciendo y, lo peor, perturbando, pues cuantos más funcionarios públicos tenemos, más demoran los permisos, licencias y autorizaciones gubernamentales y, así los expedientes siguen dando vueltas sin fin, tipo carrusel de juegos mecánicos de Fiestas Patrias.

Para muestra de lo mencionado, basta un ejemplo: la creación de la autoridad de transportes para las provincias de Lima y Callao, en que con frecuencia leemos los nombramientos de directores y sub directores, pero se mantienen en sus cargos quienes ejercían las mismas funciones en los Municipios.

Si quieren ser regalones, con su plata, por favor.