Crisis sanitaria afecta la escena política nacional e internacional.
El 30 de enero ha sido promulgada la Resolución Ministerial 140-2021-Minsa que aprueba la directiva sanitaria 128-Minsa-2021-DGIESP, que establece el protocolo de seguridad y prevención para las actividades contra la pandemia Covid-19 en la campaña electoral del 2021. La directiva es muy genérica, solo tiene la finalidad técnica y legal de permitir el involucramiento de los partidos políticos y darle las pautas a la Policía Nacional. Para tal fin se resalta una definición de partido político, enmarcada dentro la Ley 28094, “de organizaciones políticas”, pero se ensaya otra para la actividad proselitista, de creación propia del Ministerio de Salud, con un resultado muy acotado y reduccionista.
Por ejemplo, se refiere solo a los actos para “captar seguidores y votos de una causa partidaria en el marco de una elección”. Además, genera ambigüedad porque solo “los candidatos o sus representantes” serían los autores de la actividad proselitista o política. Pero las campañas electorales involucran no solo a los partidos políticos, sino también a una serie de organizaciones, asociaciones, fundaciones, medios de comunicación, ciudadanos, entre otros, que no estarían sujetos a la norma. Además, participan no solo para captar votos, también para conseguir el rechazo de candidatos. La directiva reitera medidas de prevención y control conocidas, como el distanciamiento físico, la higiene de manos, el uso de mascarilla, el uso del escudo facial, entre otras.
Como se puede apreciar, la directiva no aporta ninguna novedad, pero sirve para la intervención de la Policía Nacional. En ese sentido, el Poder Ejecutivo adquiere la capacidad de prohibir, impedir o suspender actividades proselitistas, solo de los candidatos o sus representantes. Además, como sabemos, debido a la pandemia, el Gobierno tiene amplia discrecionalidad en el manejo de los recursos del Estado; por ejemplo, el bono de S/ 600 para 4.2 millones de personas, la selección de los organizadores de las ollas comunes, la distribución de oxímetros de pulso, mascarillas comunitarias, propaganda para la pandemia y la organización de “comités de salud comunitaria”.
Una curiosa “estrategia comunitaria” del Minsa, alejada de los requerimientos que exige la Ley 30885 “Ley de conformación de Redes Integradas de Salud”, que regula la participación social, en forma ajena a toda politización o campaña electoral. Nada tendría de extraño, si el partido de gobierno no participara también con candidatos propios en el proceso electoral; es decir, todas esas entregas, bien podrían calificar como dádivas electorales, prohibidas por la Ley Electoral. La intervención del gobierno con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión del virus durante las actividades proselitistas, sino se toman medidas correctivas y de control, puede distorsionar el proceso electoral, contrario a su función que es asegurar neutralidad.
El Gobierno ha reafirmado que el 9 de febrero llegarán a nuestro país un millón de dosis de la vacuna de Sinopharm. Es necesario resaltar que ese número de dosis solo alcanza para 500,000 beneficiarios. En ese sentido, el Plan Nacional de Vacunación ha programado la aplicación de la vacuna en primer lugar a los servidores de salud, incluidos los estudiantes de las ciencias de la salud, a los policías y militares, personal de serenazgo, los miembros de mesa del proceso electoral, entre otros.
Sin embargo, sólo los miembros de mesa son más de 538,000 ciudadanos. Es decir, mucho más que el número de vacunas. Si tomamos en cuenta la prelación del Gobierno, es obvio que no hay vacunas para los miembros de mesa, muy a pesar de que el Gobierno haya señalado que Sinopharm enviará un nuevo lote de vacunas en el mes de marzo y que probablemente el consorcio con la Organización Mundial de la Salud, Covaxx Facility, haga lo propio.
En ese contexto, es necesario tomar en cuenta que el proceso de vacunación y protección de una persona requiere dos dosis, con un intervalo de 21 días, entre la primera y la segunda dosis, y, por si fuera poco, aún es necesario esperar 14 días adicionales, luego de la segunda dosis, para obtener una protección óptima contra el virus Covid-19. En ese sentido, si se suman los días, se aprecia que se requiere que los miembros de mesa sean vacunados con la primera dosis, por lo menos 36 días antes del 11 de abril del 2021. Es decir, la fecha límite sería el 6 de marzo. Tal como van las adquisiciones de las vacunas, ese objetivo parece que no será cumplido.
Las dificultades para comprar vacunas se han acrecentado debido a las expectativas de la población de los países desarrollados para vacunarse; y sobre todo debido a la oferta de los políticos y gobiernos de esos países, que quieren satisfacer esos requerimientos. De ahí que haya cobrado vida la geopolítica de la vacuna. El nuevo gobierno de los EE.UU. ha acelerado el proceso de vacunación, y ha apelado a normas que datan de la Segunda Guerra Mundial, para que la producción de sus empresas abastezca en primer lugar a su propio país. Esa decisión ha perjudicado a la Unión Europea, que se ha visto en la necesidad de aplicar la misma estrategia. Es decir, han limitado la exportación de las vacunas desde sus países, mientras no sean satisfechas las necesidades de los ciudadanos europeos. Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos aplican estrategias para vacunar en primer lugar a sus propias poblaciones. En ese escenario de escasez, han cobrado relevancia las vacunas rusas y chinas.
