Esta semana se hizo público un documento (no identifica su autoría) para que los candidatos al  Congreso  de  la  República  por  Loreto  (en  su  ámbito  de  incidencia)  firmen  y  se comprometan a los 10 puntos descritos en el documento en cuestión. Si bien el documento parece  un  volante,  rescata  toda  la  incidencia  realizado  por  un  grupo  de  ciudadanos profesionales  de  la  ingeniería  civil,  agazapados  en  el  Colegio  de Ingenieros del Perú – Loreto, quienes se iniciaron en esta lid con el debate (entre la segunda quincena de agosto y setiembre 2020) de la ratificación o no del parlamento peruano del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina, firmado por 24 países (entre ellos el Perú)   el 4 de marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica. De los países firmantes (entre 2018 y 2020), 12 ratificaron el Acuerdo, siendo Argentina y México los que el 22 de enero   de   2021   depositaron   sus   respectivos   instrumentos   de ratificación  (documento  aprobado  en  sus  países)  en  la  Sede  de  la Naciones Unidas, alcanzándose los requisitos para su entrada en vigencia el 22 de abril de 2021 (https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu).

al Acuerdo de Escazú, radica en que los proyectos de inversión en infraestructura a desarrollar en Loreto y que pise suelo rural o de comunidades nativas, y si algún ciudadano se le ocurre denunciar argumentando temas de transparencia y (de impacto negativo) al medio ambiental natural, será motivo de su paralización y de la renuncia del Estado peruano a su condición de su libre autonomía de deliberar y decidir sobre las cuestiones de su propia competencia. Parálisis de inversiones (para el desarrollo) y pérdida de soberanía nacional, son los dos argumentos que provocaron, en su momento, discusiones de todo calibre de franca contraposición, ampliándose estas vocerías a nivel nacional, presionando al parlamento para tomar una decisión en un contexto político marcado por las disputas y confrontaciones con el ejecutivo. Finalmente el 20 de octubre, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República decide por unanimidad/mayoría la no ratificación del Acuerdo de Escazú. Los argumentos de pérdida de soberanía es (y sigue siendo) de sus promotores, una rueda que empuja al caballo de troya para seguir manteniendo su clásico estilo de manejar presupuesto de inversiones donde la malas prácticas (no transparencia, sobornos y malas obras) queden en la impunidad, y su claro desprecio al suelo rural y a la conservación de los bosques. El literal i) del artículo tercero referido a Principios del Acuerdo de  Escazú,  glosa:  Principio de  soberanía permanente de  los  Estados sobre  sus  recursos naturales. El Pacto por la Amazonia, levanta su bandera y les compromete a los candidatos al NO  Acuerdo  de  Escazú  e  incluso  propugnan  por  retirar  la  firma  del  Perú  del  Acuerdo Regional (numeral 5).

Los 10 puntos a que hace referencia el Pacto por la Amazonía, tiene un solo propósito y una sola cara: propugna inversiones físicas con fondos públicos a todo nivel y la intervención privada en actividades extractivas; imposibilita la capacidad de una gobernanza territorial y la rectoría de los recursos sobre la base de un acuerdo planteado sobre el principio de la transparencia entre Estado, inversionistas y comunidad; diluye el tema de la conservación del recurso y destruye el conocimiento tradicional y ancestral como riqueza viva; invisibiliza la potencia de la fuerza laboral juvenil para recolocarlo en su mismo nivel de su riqueza natural para elevar su potencia y transformarlo un recurso comercial; mira el paisaje de la selva y lo envuelve en un marco legal único como si todos fueran iguales, mientras que la diferenciación, especialización y complementariedad como bienes públicos y privados puede enmarcarse en una trayectoria de mayor alcance y de profundos resultados para disminuir las  desigualdades  entre  regiones  y  entre  nosotros  mismos.  Somos  ricos  en  recursos naturales, pero pobres (y muy pobres) en términos de ingresos y de bienes materiales, y es que el Estado (y sus distintos gobiernos) no saben qué hacer y como interactuar con la selva baja para intervenir en suelo rural, con sus fronteras y con sus comunidades nativas, por eso es fundamentalmente necesario construir instituciones regionales y locales cuya característica intrínseca radica en crear organizaciones fuertes para el diseño y construcción de políticas públicas (planificación multiescalar, por ejemplo) en función de sus potencialidades y pesos bilógicos por territorio y cuencas hidrográficas: los políticos crearon instituciones a su manera y a su tamaño: debilidad y falto de organización y planificación; instituciones flexibles, para ir adaptándose rápidamente a los cambios y en la creación de servicios públicos de mayor valor y más cerca de la población, y así disminuir, en el tiempo, el atributo de la desconfianza. Se vuelve más potente en un mundo post pandemia y alineados a la ODS 2030, la revalorización de nuestro patrimonio natural: los  ríos y los bosques configuran una de las rentas estratégicas de mayor valor y de mejor alcance, mucho mayor que los hidrocarburos y minería; la creación de infraestructura básica mínima, que sea conectiva (servicios elementales, como agua, desagüe, energía eléctrica, comunicaciones e internet) y resiliente para adaptarse a las condiciones climáticas y   conservar así el patrimonio físico; nos quieren hacer creer que los proyectos de gran tamaño, como carreteras,  por  ejemplo,  nos  volverá  competitivos,  y  eso  es  imposible  en  un  territorio amplio, con poblaciones dispersas y desarticuladas, y sobre todo, multicultural; apostemos por la ciencia y tecnología adaptativa y refinemos a esa pepita de oro de jóvenes rurales que conviven en un medio rural carente de los más elementales medios de vida, donde las oportunidades de un desarrollo humano y compartido se encuentra muy lejos de sus ansias de alcanzar nobles ideales; crear instituciones y/o potenciarlos para una mejora continua de los proceso en la provisión de servicios básicos y técnico-científico, este último   para desconstruir nuestras materias primas e insumos para crear nuevos proceso productivos, sin la necesidad de pensar (y forzar) que el punto de inflexión de un proceso de desarrollo rural pasa por aumentar los volúmenes de producción. Necesitamos crear ciudades dinámicas, articuladas, organizadas y propensas a respetar los límites de la modernidad, sus espacios libres y sus bosques urbanos; una ciudad que aprenda a modelar ciudadanos y sociedades que tengan la misma idea de justicia, respetando y mirando al río y con una solo horizonte: el atlántico.

El Pacto por la Amazonía, es un caballo de Troya empujado por intereses de grupos, cuyo único afán es dinamizar un proceso de desarrollo mezquino, privilegiando infraestructura e inversiones en proyectos de gran fuste. La zona rural, en su enfoque y en su contenido, es subyacente, le da escasa importancia y su idea es arrinconarlos.