El gobierno no transmite mesura ni tranquilidad a la población.
El domingo 19 de diciembre del 2021 el programa televisivo Panorama difundió que un empresario “ganó una licitación por US$ 74 millones luego de visitar Palacio de Gobierno, en la misma fecha que lo hicieron el gerente de PetroPerú y otros dos empresarios”. Luego de esas visitas, PetroPerú solicitó la adjudicación de 280,000 barriles de biodiesel B100, que benefició al empresario que comercializa ese producto. Este hecho demostraría las “presuntas irregularidades en la adjudicación del millonario contrato”, que incluiría la realización de “un proceso de eliminación de competidores” que al final concluyó con la adjudicación a un único postor.
La nota televisiva incluyó comentarios de algunos invitados expertos y políticos, que resaltaron que “esta vez”, a diferencia de las denuncias anteriores, sí existiría una participación directa del presidente de la República en los hechos denunciados, e incluso que debido a la magnitud de las “irregularidades” sería pasible de la causal de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. La discusión de si los hechos denunciados configuran o no causal de vacancia, ha llenado el debate político del lunes 20 de diciembre, y es probable, que el Congreso de la República zanje el debate en los días venideros. Por si fuera poco, la Fiscalía acudió a Palacio de Gobierno a recabar información sobre el tema aunque, según acta fiscal que trascendió a la prensa, el secretario general informó al director de Asesoría Jurídica de Palacio de Gobierno que el propio “presidente no autorizó el ingreso del personal fiscal a la oficina de Secretaría del Despacho Presidencial para la exhibición voluntaria de documentos”.
Por otro lado, el mismo día 20 de diciembre del 2021, el Ministerio de Salud (Minsa) ha informado que se han presentado 12 casos de la variante ómicron, y, por tanto, que ha dispuesto bajar de cinco a tres meses el rango de espera para recibir la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19, porque “las personas que tienen una tercera dosis tienen hasta un 75% de protección frente a esta nueva variante”. Además, para evitar comentarios en contra, ha señalado que “otros países, como Inglaterra, han aplicado la tercera dosis de la vacuna a los tres meses”. Sin embargo, no ha hecho alusión a ningún estudio científico, por tanto, se espera que el Instituto Nacional de Salud (INS) realice mayores precisiones, con evidencias científicas, al respecto.
Además, el ministro de Salud ha señalado que propondrá al Consejo de Ministros, la reducción del aforo en el transporte público de 80% a 60% o 40%, para preservar la distancia física entre las personas, así como, un control más estricto del carné de vacunación, que acredite la aplicación de dos dosis para los mayores de 18 años. Y que “el toque de queda para los días 24 y 31 de diciembre, será desde las 23 horas y no a partir de las 01 horas del día 25 y 1 de enero, como se había programado al inicio”. Además, solicitó a la población “mantener las exigencias de bioseguridad durante las celebraciones de fin de año”. En el mismo sentido, el Minsa alertó a la población ante la posibilidad de una tercera “ola mixta”, es decir, que “los pacientes infectados por la variante delta serían desplazados por la de ómicron, e incluso, que “muchos contagios ocurrirán en las personas ya vacunadas, por la disminución de la protección de la vacuna”.
En esa misma lógica, el ministro de Salud hizo alusión a la Organización Mundial de Salud (OMS) para señalar que “la letalidad o la agresividad de la variante ómicron, no sería mayor que la variante delta, pero la contagiosidad es tan alta que sería imposible sostener en nuestro sistema sanitario”. Pero, a las declaraciones y notas de prensa del Minsa, han seguido algunas declaraciones en los medios de algunos exfuncionarios y periodistas “expertos” que han generado un alto nivel de alarma o pánico en la población. De esta manera, el debate político se ocupó de los problemas en el manejo de la pandemia, el comportamiento de la población y, sobre todo, en el de los seis congresistas que aún no tienen sus dosis completas de vacunación. Una ocasión más, para restarle al Congreso de la República “calidad moral” para fiscalizar al Poder Ejecutivo.
También ha sido desatinado el comentario de un “experto radial” que ha señalado que la variante ómicron escaparía a los efectos de la vacuna SinoPharm, ya que involucra a los servidores de salud, que laboran en el sector público y privado que han sido inmunizados con ese tipo de vacuna. El Minsa está en la obligación de ofrecer las evidencias científicas a favor o en contra de esa aseveración, porque el pánico que ha desatado en los más de 600,000 servidores de salud pone en riesgo la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud frente a la Pandemia Covid-19.
El gobierno, en lugar de generar pánico, debe infundir mesura y tranquilidad. Apelar a la responsabilidad de los ciudadanos. Aguzar los mensajes conocidos sobre la prevención de los contagios, la promoción de los estilos de vida saludables, impulsar la vacunación y adquirir los medicamentos antivirales eficaces autorizados por los organismos reguladores de alta vigilancia sanitaria, como, por ejemplo, la FDA de los Estados Unidos. Asimismo, fortalecer el primer nivel de atención con enfoque comunitario, la detección precoz del virus, el rastreo de los contactos y la vigilancia genómica, para detectar las variantes predominantes y su circulación en el territorio nacional. También fortalecer los centros de atención temporal para el aislamiento de los contactos sintomáticos, mayor número de camas y de unidades de cuidados intensivos, así como el suministro de oxígeno medicinal, entre otros. ¡Cuidado, un hecho no debería esconder al otro!
