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ENFOQUE COMUNITARIO Y COMERCIO ILEGAL DE MEDICAMENTOS

ENFOQUE COMUNITARIO Y COMERCIO ILEGAL DE MEDICAMENTOS

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  • El gran problema de los “medicamentos bamba”.

El comercio ilegal de medicamentos –debido al contrabando, a la falsificación o a la adulteración, a los etiquetados falsos o al “reetiquetado” de productos vencidos, entre otras “ingeniosas” modalidades– es el problema fundamental de la política de medicamentos y de salud pública del país. Estos productos ilegales, son denominados en el argot peruano, de manera genérica, “medicamentos bamba”.

Desde el 2006 en que se creó, sobre la base de la Comisión Multisectorial del 2003, el Grupo Técnico Multisectorial de prevención y combate al contrabando, comercio ilegal y falsificación de productos farmacéuticos y afines (Contrafalme), integrado por la Policía Nacional, la Fiscalía, las municipalidades, la sociedad civil, los profesionales de la salud y de la industria farmacéutica, entre otros, se han realizado una serie de campañas nacionales contra esta comercialización ilícita e inhumana. También se han tipificado a estas ilícitas actividades como delitos contra la salud pública, con sanciones que ascienden de cuatro hasta 15 años de prisión. Además, por Resolución Ministerial 408-2018/Minsa se instituyó el 10 de febrero de cada año, como el “Día contra la falsificación de medicamentos”. A pesar de la normatividad existente, se debe señalar que antes de la pandemia, el comercio de los “medicamentos bamba” representaba entre el 25% y 35% del mercado de fármacos y el Perú estaba ubicado entre los primeros cinco países con mayor falsificación del orbe. 

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud, en nota de prensa del 26 de julio del 2022, anunció el lanzamiento de la campaña nacional “La medicina bamba mata” con la finalidad de “reforzar las acciones contra el comercio ilegal de medicamentos y contribuir a que la población acceda sólo a medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios de calidad, seguros y eficaces”. Algunos aspectos que resalta Digemid son importantes; por ejemplo, la orientación de las personas para la adquisición de los medicamentos en farmacias y boticas autorizadas, el adecuado uso del observatorio de precios y el aplicativo para celulares “AhorroMED”, la instalación de módulos educativos, charlas dirigidas a los agentes comunitarios de salud y la capacitación de los inspectores de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Metropolitana y de las gerencias o direcciones regionales de salud, sin embargo, estas actividades, no son suficientes debido a la magnitud del problema y a los altos niveles de su impacto negativo. 

Un primer aspecto a considerar es que el mercado de medicamentos en el Perú sobrepasa los US$ 4,000 millones en ventas. Por tanto, las cifras porcentuales sobre el comercio de los “medicamentos bamba” deben tener esa referencia. Como se puede apreciar, el impacto económico es enorme, no solo para los ciudadanos o el fisco, sino, también, para las empresas nacionales o transnacionales que operan en la formalidad y la legalidad.

Un segundo aspecto, son los riesgos a la salud, debido, a que estos “fármacos bamba”, podrían contener ingredientes nocivos, productos sin efecto terapéutico, vencidos o adulterados, entre otros, que podrían agravar la enfermedad, producir resistencia a los antibióticos, intoxicaciones, e incluso la muerte.

Un tercer aspecto, es el daño a la relación médico-paciente y la confianza en la receta médica, debido a que los pacientes o usuarios, que son timados con esos productos “bamba”, transfieren los daños ocasionados a su salud, a los médicos que los atendieron, y, por tanto, son involucrados en procesos judiciales o administrativos. En ese sentido, en aplicación de la “medicina defensiva” o de protección profesional, los médicos son obligados a conocer el mercado formal e informal de cada uno de los fármacos que recetan, a custodiar el circuito de la receta, así como, a vigilar que su prescripción no sea cambiada y que los productos recetados se adquieran en farmacias y boticas formales y autorizadas por la Digemid. 

Un cuarto aspecto, es que la actual organización sanitaria es proclive a la “vista gorda” del ilícito negocio. Por un lado, las funciones de fiscalización y control de la Digemid solo han sido desconcentradas hasta las Direcciones de Redes Integradas en Lima Metropolitana y hasta las direcciones o gerencias regionales. En ese sentido, la fiscalización y las pesquisas que realizan los inspectores están centralizadas en las capitales de las regiones o departamentos y en Lima Metropolitana en los distritos en que se ubican las sedes administrativas de cada una de las cuatro Diris. En consecuencia, son incapaces de cubrir todo el universo geográfico en que habitan los ciudadanos.

Desde la promulgación, el 2018, de la Ley 30885, que exige la conformación de las redes integradas de salud, el proceso quedó trunco, aunque, ahora, el gobierno ha esbozado con timidez, su inicio. Sin embargo, nada hace presagiar, que en las pesquisas y en las tareas fiscalizadoras se puedan involucrar los más de 8,000 establecimientos de salud que poseen el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales.  

Por otro lado, debido a la falta de conformación de redes integradas de salud con enfoque comunitario, tampoco, puede ser aprovechada la activa participación de la comunidad. En ese sentido, es útil, que los agentes comunitarios sean orientados o capacitados para combatir los “medicamentos bamba”; sin embargo, su labor está al margen de la organización sanitaria de su jurisdicción. Es decir, de su centro o puesto de salud, convierte a su actividad en vertical y esporádica, cuando, lo que se requiere es el trabajo cotidiano y permanente con la activa participación de la comunidad. Además, esto permitiría realizar en cada uno de los distritos del país, operativos continuados y conjuntos con la fiscalía, la policía, los municipios distritales, entre otras instituciones, contra el comercio ilegal y la incautación de los “medicamentos bamba”. 

El bajo número de operativos y los escasos volúmenes incautados, en unidades y sus equivalentes monetarios, demuestran las falencias de la lucha contra el “medicamento bamba” ¡La tarea es ardua!

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