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MINERÍA SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO SOLIDARIO

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Para aquilatar mejor el retraso y el consecuente desafío que tenemos los peruanos, en el ámbito de una minería cada vez mejor según estándares internacionales y complejas normas nacionales obligatorias, recuerdo información del Vice Ministerio de Minas, hacia fines de 2016: “las Bambas y las ampliaciones de Cerro Verde y Toquepala; las minas de Antapaccay, Toromocho, Constancia  y Antamina ampliada,  sumarán casi 25 mil millones de dólares en inversión para producir alrededor de un millón 400 mil toneladas  métricas finas de cobre. A estos volúmenes de producción hay que agregar 910,000 onzas de oro y 20 millones de onzas de plata. A estas buenas noticias hay que sumar 3,600 millones de dólares por Alpamarca – Río Pallanga, Inmaculada, Crespo, Shahuindo, Corani, Ollachea y San Gabriel”.

Al 7 de enero del presente año el Ingeniero Rómulo Mucho Mamani, expuso que comparando la cartera de proyectos mineros en fase de construcción 2019 y 2020 se observa que al 2019, eran 48 proyectos que en total suman  57,772 millones de dólares. Salieron de cartera 4 proyectos por 1,818 millones; iniciaron operación 2 proyectos por 509 millones; 12 proyectos tuvieron ajuste de inversión por 23 millones; se incorporaron 4 proyectos por 690 millones. Asimismo, indicó que al 2020, la cartera resultó con 46 proyectos por 56,158 millones y que al 2021 habría 3,577 millones de dólares por Ampliación de Shouxin, Chalcobamba Fase I, Corani, Optimización Inmaculada, Pampacancha, San Gabriel y Yanacocha Sulfuros.  En 2022 serían 840 millones por inversión en Magistral y Planta de Cobre Rio Seco; mientras que en el 2023, con Zafranal se alcanzaría los 1,263 millones; en el 2024 llegaría a 3,573 millones por Los Chancas y Trapiche; y en el 2025, Michiquillay aportaría 2,500 millones.

¿Quién tiene la verdad  sobre la minería artesanal?
No hay aun información confiable para la minería artesanal, formal e ilegal, actividades que se entrecruzan y cuyo producto se exporta vía lavados. Este centenario problema se ha documentado sucesivamente desde los años 50, luego de los sesenta por organismos de lo que fue hasta 1992 el Sistema Nacional de Planificación (Instituto, Oficinas Sectoriales y Regionales), antes de la creación del Sector y Ministerio de Energía y Minas. Lo hicieron instituciones del Ejecutivo, Legislativo, Judicial; también intermediarios financieros bancarios y no bancarios de desarrollo y proyectos multilaterales sectoriales como los que hubo en Loreto, Madre de Dios y Puno. 

Consta la producción de inteligencia de las instituciones policiales y de la Fuerza Armada de acuerdo a niveles y aspectos. A la fecha no han cesado las denuncias ni dación de normas legales, expresión de políticas públicas bien intencionadas y justificadas en planteamientos ambientales, indigenistas, localistas y legales con base en diversos derechos vigentes o en proceso de formulación como es de público dominio o bien con propósitos de facilitar la no alcanzada formalización.

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Hay pocas acciones de actores no gubernamentales en unión con autoridades ministeriales, subnacionales, policiales y fiscales en materia de información confiable, vigilancia, protección y efectivos resultados buscados. Deberían ampliarse esos buenos ejemplos como los de la RED Amazónica SZF protección de áreas con gran valor en biodiversidad y por ende patrimonio de quienes viven en ellas o dependen de ellas y de la nación.

En lo esencial la formalización como solución no ha avanzado y probablemente no lo hará mientras no se aplique una mejor comprensión del fenómeno y sus dimensiones económicas, sociales, culturales, geográficas y geopolíticas, cada vez más; y por tanto no se formulen programas de inversión que operacionalicen y hagan efectivas las correspondientes variables e indicadores de progresiva contención y superación.

Aporte de la minería moderna durante la pandemia 
Así, pues, la minería moderna, regulada, bastante fiscalizada y observada por actores internos y transnacionales públicos, empresariales y no gubernamentales, seguirá siendo junto con la agricultura para el consumo nacional y la exportación, los principales motores para superar la caída en este quinquenio de gobierno. Esta minería no se ha detenido durante la pandemia en curso y que nadie sabe cuándo será vencida. Hizo aportes indiscutibles en este grave proceso. Pudo hacer más si desde la Presidencia de la República se la hubiera “articulado” con entes y recursos públicos y privados. Puede hipotetizarse que tendríamos menos muertos y daños; también mejores condiciones materiales y humanas para superar la  atención de salud en este doloroso y complejo proceso, precisamente en zonas del interior  del Perú, para que no siga vigente “la curación por las palabras” que denunciaba el maestro Mario Alzamora Valdez en sus clases de derecho.

Política y conflictividad social
Como es sabido, antes y después de procesos electorales nacionales y subnacionales se producen conflictos, algunos que alcanzan su maduración y eclosionan, otros que se revelan nuevos, o que uno o más factores precipitantes los disparan. Hay estadística regular sobre conflictos sociales que obedecen a enfoques legales y “relatos”, visiones, cosmovisiones, concepciones ideológicas, -la más conocida es la de la Defensoría del Pueblo, desde su óptica-.

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Esos productos públicos o privados, son parte del espacio socio político directo o indirecto, consciente o inconsciente, expreso o tácito, visualizable desde derechas a izquierdas, cruzadas de abajo hacia arriba por conductas ideas y creencias, desde democráticas hasta autoritarias. Nadie escapa a esa realidad  muy bien estudiada hace años por la sicología social y otras ciencias sociales.

La pandemia y las defectivas respuestas institucionales así como la comprensible conducta de los más golpeados y necesitados de la ciudad y el campo, torna la conflictividad más delicada, dinámica, compleja y disruptiva y se presta a interpretaciones negacionistas, polémicas e ideológicas según ideas, creencias e intereses en juego.

Siguen repitiéndose anuncios y comienzos de reinicios de gestión de conflictos no solo desde este período constitucional de gobierno. Puedo dar testimonio que esto ocurre desde el segundo lustro del presente siglo. Hubo pocas soluciones con visión de zona o departamento no solo de proyecto de distrito minero, caso Quellaveco; y la acentuación de una pauta de exacerbación de la conflictividad a partir del falseado relato del llamado “baguazo”, apología de la violencia, inclusive filmada pero aceptada a fuerza de repetirse, erigido en historia y deber ser laico e inclusive religioso. Por tanto es imperativo exponer, dialogar y mejorar las pautas para atender bien la “prevención y transformación” de conflictos para la seguridad y el desarrollo sostenibles en democracia y Estado constitucional de derecho.

Mejorar, no empeorar la gestión
Para una buena minería, palanca central del crecimiento y desarrollo es menester cumplir con criterios estratégicos básicos que se han probado en procesos y resultados exitosos:

Campaña permanente por una cultura y ética de respeto, de no violencia, entre todos los actores públicos privados, Fuerzas del Orden y Ministerio Publico. Acuerdos fuera de la ley abonan a repetir los hechos que se quiere superar.

Unidad de doctrina, enfoque, inteligencia y gestión, no de recetas detallistas, formalistas, todo terreno, para asistencia a reuniones de emergencia y ulterior seguimiento de mera suscripción de actas. Superar el clientelismo metodologista en consultorías formales o puestos públicos basadas en entregables.

Equipos de promotores residentes de la inversión multisectorial para el desarrollo territorial, no viajantes a reuniones, en áreas territoriales realistas no de sola delimitación legal, porque los beneficiarios y otros actores viven en el terreno, no viajan al proyecto. El diálogo social deberá superar las restricciones físicas que impone la salud durante la pandemia. Por esta razón son indispensables inversiones en equipamiento e infraestructura segura para sanidad integral, transporte y comunicaciones, TICs.

Transparencia y rendición de cuentas de cumplimiento de acuerdos de todos los actores.  La red del gobierno de la República urge ser ajustada en sus tres niveles porque las inversiones nacionales son para beneficio de todas las personas que viven en distritos, provincias y departamentos del Perú de cuyo patrimonio se trata. El interés superior del Estado no puede lograrse contra el interés de los que viven en un territorio donde se realiza una inversión minera u otra. Asimismo, el interés de la población del área o territorio no puede impedir el logro de un beneficio de interés nacional o superior.

A poco de iniciado el período constitucional expuse en prensa escrita, electrónica, radio, tv y foros lo que ahora reitero: el gobierno nacional ha desarrollado un discurso recurrente que solo por excepción se ha cumplido: ¡Quellaveco hace 8 años! La Mesa multiactores, que presidí, 2012, con 32 titulares y observadores como el entonces Defensor del Pueblo de Moquegua, aplicó criterios como los expuestos; luego Anglo American ratificó su voluntad inversionista.  Se ha postergado inversiones nacionales por presiones locales y el Ejecutivo ha incumplido acuerdos con locales. Ejemplos sobran desde los años 2000. Se ve como enervada la gestión de transformación de conflictos en consensos duraderos para la inversión y desarrollo de un territorio geoeconómico mayor que las zonas de influencia directa e indirecta de cada proyecto.  Obviamente esta es una tarea para el quinquenio venidero, pero que la gestión “residual” durante este período electoral debe facilitar.

La práctica de actas y mesas sobre diversos asuntos, más de mil acumuladas desde 2005, sigue vigente con todo el aparato burocrático y funcionarios en los tres niveles de gobierno. Desde antes del presente quinquenio, aprovechando los vínculos de trabajo con el sistema EITI y con el Banco Mundial, calificadas empresas privadas, ONGs y universidades, han desarrollado esquemas para promoción, mediación, facilitación y “planeamiento multicriterio” y “gestión de complejidad” para el “acondicionamiento del territorio”, como en rigor es llamado enfoque territorial, desde los años 50 del siglo pasado, solo que aquí se pretende una planificación sin sistema de planificación nacional, sectorial y regional, (más de un departamento), lo que es una quimera. Es hora de una visión nacional de Estado, sobre sectores y áreas inseparables para el desarrollo y la seguridad del Perú y los peruanos, superando criterios, enfoques y prácticas parciales que han probado su inefectividad y que no son portadoras de futuro.

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