Por Ántero Flores-Aráoz

Notamos que hay un doble estándar del Estado respecto a la minería, pues mientras a la minería formal se le exige el cumplimiento de infinidad de requisitos y trámites, a la minería informal, pero principalmente a la ilegal, el Estado hipócritamente cierra los ojos y deja que hagan lo que les da la gana. Evidentemente no se les mide con la misma vara y rigidez.

Tenemos miles de miles de mineros ilegales que con dragas o sin ellas en nuestros ríos, vierten cianuro y mercurio, lo que termina con peces y otros animales, reduce posibilidades de alimentación de nuestras comunidades nativas en selva e indiscutiblemente atentan contra su salud. No nos podemos olvidar el grave daño a los bosques y al medio ambiente, por la deforestación criminal que ya tiene carácter de catastrófica.

Lo expuesto también sucede en alguna minería de socavón, pero bastaría darse una vuelta por San Antonio de Putina -Ananea y La Rinconada en Puno, aunque también en la aluvional en Laberinto, esto es en Madre de Dios, a lo que hay que agregar las dragas en el Putumayo y en otros ríos de nuestra rica Amazonía. El Estado recién se ha ocupado del problema en La Pampa, Madre de Dios, aunque con acciones intermitentes que esperamos sean permanentes como ha ofrecido el Gobierno Nacional.

La minería formal, enfrenta la conflictividad de las comunidades, muchas veces con el pretexto medio ambiental o la equivocada creencia que la minería tecnificada de nuestros tiempos es similar a la antigua minería que dejaba relaves por doquier, que contaminaba ríos y campos y que atentaba contra la salud de las poblaciones aledañas. Hoy la minería es distinta, lo que se demuestra con los altos estándares internacionales reconocidos hasta por las organizaciones ambientalistas más exigentes.

En la conflictividad a la que nos hemos referido, parecería estar el Estado Peruano en el balcón, desde donde mira, ausente de acción, a las turbas que bajo la influencia de agitadores de oficio y rojos por vocación, toman carreteras, interrumpen tránsito de personas, vehículos y minerales, cuando no impiden la entrada y salida de los yacimientos mineros.  Más grave aún, amenazan a quienes pretenden invertir en la actividad minera, luego de exigirles la ejecución de obras como responsabilidad social, con las que después se quedan, aunque el inversor minero desista de sus propósitos.

Ya es hora que el Estado, a través del Gobierno Nacional, se compre el pleito, baje del balcón en que lejanamente observa el conflicto para hacer una gran campaña informativa y también mediática, dando a conocer las bondades de la minería moderna, los ingentes recursos que deja al país en impuestos, parte de los cuales se transforman en el canon con el que se solventan las obras regionales y las municipales. Adicionalmente se paga sueldos a maestros, médicos y policías, sin olvidar el trabajo que directa o indirectamente genera la minería responsable.

Tiene que explicársele a las poblaciones, que con los ingresos que se percibe desde el exterior por los minerales que exportamos, podemos importar muchos otros bienes, como alimentos que se consumen por toda la población, incluso por los revoltosos que siembran odio cuando no destrucción.