A nueve días de celebrar nuestro bicentenario patrio, sin proclamación presidencial a la vista y con el país absolutamente polarizado, es necesario esbozar los escenarios que se plantean para el futuro inmediato, en donde debería primar la neutralidad y el sesgo debe dar paso al diálogo abierto y transparente para garantizar la continuidad democrática.

En vista a la negación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y demás órganos electorales, de transparentar el proceso haciendo pública la información electoral, parece claro que Pedro Castillo será proclamado presidente, acarreando el descontento de más de la mitad de la ciudadanía que continuará volcada en las calles manifestándose pacíficamente por el respeto de la institucionalidad democrática. La calle ya no pertenece a la izquierda. Por tanto, este triunfo pírrico y poco claro, le resta ventaja a Castillo y a su agrupación política que, aunque son la bancada más numerosa en el Congreso, no cuenta con la mayoría para desarrollar, por la vía democrática, sus propuestas de campaña.

Por tanto, su reiterada oferta de convocar a Asamblea Constituyente para proceder con el cambio de la Constitución, es una propuesta fallida por la vía legal, además un cambio de Constitución no resolverá los problemas medulares de los que adolece el Perú. Las brechas se acortan construyendo conectores, desterrando la corrupción, proponiendo soluciones de acuerdo a cada realidad, poniendo énfasis en la modernización y agilización del Estado, la inversión en infraestructura, en Educación, las desigualdades que aún nos separan se rompen con propuestas racionales y realizables, no con cantos de sirena ni imponiendo fórmulas reiteradamente fallidas.

De más está decir que, motivada por mi vocación democrática, espero que tanto el Congreso como las demás instituciones del Estado garanticen el respecto irrestricto de nuestra Ley máxima, la Constitución Política del Perú. Sin embargo, también motivada por mi conocimiento del accionar de los líderes socialistas en países vecinos, tengo mis reservas sobre un retroceso de las promesas electorales del señor Castillo y compañía.

Este escenario otorga mayor responsabilidad al Congreso, cuyas bancadas democráticas de centro y derecha deberán unirse en un bloque e impedir el avance comunista en el Perú o la instauración de las propuestas más radicales de Castillo y Cerrón. Sin embargo, más allá del imperioso deber de salvaguarda del Estado Constitucional de Derecho, el Congreso también está obligado a recuperar la confianza de la ciudadanía, tras años de lamentable actuación. Además, de trabajar junto al Ejecutivo en los temas urgentes del país dentro del marco constitucional, claro está.