Huelgas y protestas en el sector Salud
La precariedad del Sistema Nacional de Salud se manifiesta no solo en la incapacidad de responder en forma plena a las necesidades de la población, sino también en la existencia de una aguda conflictividad laboral. Asistimos a una serie de huelgas y protestas, a pesar de la pandemia. La reforma de salud del año 2013, mediante el Decreto Legislativo 1153, ha generado una serie de conflictos laborales debido al desajuste entre la norma y la realidad.
El balance, luego de siete años de la promulgación de la norma, es uno de conflictos. La promulgación del decreto legislativo no fue seguida de la promulgación inmediata de la reglamentación correspondiente que reconociese y homologase los derechos de los que ya gozaban los servidores de salud con sendas leyes y reglamentos; sin embargo, en modo irresponsable y abusivo, fueron derogados. Es decir, se produjo un “bache” sin algunos derechos laborales, desde el 2013 hasta el 12 de julio del 2018 en que se promulgó el reglamento (DS 015-2018-SA). Además, la reglamentación surtía efecto a partir de su promulgación; en consecuencia, se produjo un período, correspondiente al “bache” de 5 años, que requería, en modo retroactivo, el reconocimiento de esos derechos.
La reforma de salud humalista, incluida la reforma salarial, se impuso mediante decretos legislativos, sin ningún consenso y con un voluntarismo político sustentado en profundas convicciones “ideológicas”. Las huelgas y protestas de los servidores de salud acompañaron y fueron el emblema de ese lustro de gobierno. El año 2015, como consecuencia de esa conflictividad laboral, se acudió al Foro del Acuerdo Nacional. El gobierno de esa época, mediante sus altos funcionarios, defendió la reforma salarial y otros aspectos sanitarios incluidos dentro los 23 decretos legislativos, llamados “paquete legislativo de reforma de salud”.
El trabajo dentro del Foro del Acuerdo Nacional duró seis meses, a dos sesiones de cuatro horas por día, los martes y jueves. No fue fácil. El resultado ha sido el documento “Los objetivos de la reforma de salud”, que incluyó un rubro denominado “Aspectos críticos a atender”, que se inicia con el consenso sobre el “personal de salud”. Por ejemplo, se menciona el “cierre de la brecha cualitativa, cuantitativa y territorial de profesionales, técnicos, auxiliares asistenciales y administrativos de salud”, así como aspectos de formación “bajo la rectoría del Estado y la coordinación intersectorial y supervisión del Minsa”, “asegurar el nivel, grupo profesional y condiciones de trabajo adecuadas que incluye gestores, bioseguridad y remuneraciones dignas y competitivas, garantizar la certificación profesional y las competencias, fortalecer el equipo multidisciplinario y de los gremios de salud, entre otros aspectos esenciales.
Hay que tomar la reforma salarial e incluir a cada uno de los componentes del Sistema Nacional de Salud, con excepción de EsSalud. Es decir, el Decreto Legislativo 1153 incluyó en Servir a todos los servidores del Ministerio de Salud y gobiernos regionales, los servidores de salud civiles de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, el Instituto de Medicina legal, el Instituto Nacional Penitenciario, los servidores de salud de las universidades públicas, entre otros.
La participación de Servir ha sido fuente de conflicto, debido a que se guía por consideraciones genéricas de la administración pública, y no por la naturaleza específica de las actividades sanitarias y médicas. Además, se constituyó como última instancia en los procesos administrativos disciplinarios. Además, le resta capacidad al Minsa como órgano rector del propio Ministerio de Salud, como del Sistema Nacional de Salud, para organizar e implementar las actividades médicas y de salud, en cada uno de los sectores, instituciones públicas y órganos constitucionalmente autónomos, como EsSalud, para implementar una gestión de recursos humanos que se ajuste a las políticas nacional, sectorial, estrategias y programas de salud, y sobre todo, de las actividades en el primer nivel y en la comunidad, mediante la Atención Primaria de Salud y la organización comunitaria. (Horarios atípicos y en jornadas diferenciadas, según las necesidades de la población, entre otros). La controversia se ha reavivado, debido al desempeño de Servir durante la pandemia.
La reforma salarial del DL 1153 incluyó, además, la separación a los servidores administrativos de los llamados asistenciales. Es decir, se “fragmentó y segmentó” el equipo de trabajo. Por ejemplo, los choferes de ambulancia, que realizan guardias hospitalarias, como los médicos, los profesionales de la salud y los técnicos asistenciales, no pueden percibir la bonificación correspondiente. Igual ha ocurrido con los servidores de archivo, cómputo, admisión, los administrativos de las visitas domiciliarias y el trabajo comunitario, entre otros. Además, tampoco reciben los bonos por atención primaria, especialidad, establecimiento estratégico, zonas de frontera, por riesgo, por acciones de salud pública y otros beneficios adicionales, como los nombramientos. Aún no se ha hecho nada para contrarrestar la rotura del equipo de trabajo en los establecimientos de salud. Además se creó un mecanismo perverso que perfora la sostenibilidad financiera de EsSalud, porque se afecta el 9% solo al 65% de la remuneración de los servidores de salud, y no del 100% como corresponde. El pago a EsSalud de solo el 65% de la planilla.
El Decreto Legislativo 1153 ha creado una pirámide laboral, rígida y burocrática, con bonificaciones irrisorias que han complicado la posibilidad de mejorar la disposición de recursos humanos en las provincias, distritos más alejados y necesitados del país. Una reforma ideologizada y retrógrada. Corregir y avanzar.
