Los precios internacionales del petróleo crudo arrastrado por la paralización de las actividades económicas en el mundo provocada por la pandemia del Covid-19 (y su resistencia), sumado a los conflictos sociales en el circuito petrolero (toma de la estación 5 y protestas con pérdidas de vida humanas en el Lote 95), va germinando en sus primeros resultados: la producción diaria de petróleo crudo paso de 16 mil barriles diarios en el 2019 a 10 mil barriles diarios en lo que va del 2020, de los cuales el Lote 95 (la única empresa en estado operativo) representa el 60 por ciento de la producción de Loreto, retrotrayendo su actividad (en el campo Bretaña) al 50 por ciento de su capacidad de producción. Estos conglomerados de problemas en el territorio petrolero están poniendo en jaque la industria petrolera asentada en Loreto, por sus implicancias de sus inversiones comprometidas a largo plazo en un entorno incierto a corto plazo, y con la amenaza de nuevos rebrotes de conflictividad social en el Lote 95 y paralización en la Estación 5, sin ellos el petróleo producido (y almacenado) en el campo Bretaña no encuentra justificación económica ni financiera. Hoy la operadora del campo Bretaña (Lote 95), PetroTal Perú se encuentra en busca de una línea de crédito para mejorar su debilitada liquidez (www.energiminas.com) y hacer frente a las condiciones presentes y futuras, que es incierto, por cierto.
En el caso el Lote 8 operada por Plus Petrol desde 1996, y los sucesivos conflictos en su área de influencia y en la Estación 1 ocurridos desde el 2019, terminaron por acogotar sus pretensiones y cumplimiento de contrato que se vencía en el 2024. Esta discontinuidad de sus actividades dejaron embalsadas los compromisos sociales asumidos por la empresa con las comunidades nativas en un territorio con múltiples actores y agentes de representación que hacen imposible señalar una ruta certera. El viernes 13 de noviembre la Pluspetrol materializo el traspaso del Lote 8 a la empresa canadiense Altamesa Energy, quien ahora tiene el control en un esquema de operaciones parecido, según lo entendido, al que ocurrió con el Lote 192.
Hoy, el PAAP (pueblos afectados por la actividad petrolera) también presenta su propia agenda, y cuya organización se le reconoce por su persistencia en el reconocimiento de un Plan Post Petroleo desde hace 5 años atrás, y que el gobierno nacional lo llama ahora Plan Cierre de Brechas (PCB), concebido por un valor de s/6 mil 200 millones (DS N°145-2020PCM) en inversiones. Esta agenda tiene su principal punto de negociación en el establecimiento de un fideicomiso indígena representado en el proyecto de ley 6650 por iniciativa del congresista Acate, y argumentada por los técnicos del PAAP. La iniciativa ya se encuentra en trámite en la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República y busca financiar en los próximos 20 años (s/300 millones anuales) el valor estimado de la inversión en el PCB avalado por el mecanismo de fideicomiso, que va tener el mismo resultado que el fideicomiso por la eliminación del incentivo perverso del Reintegro Tributario (RT) administrado por el GORE Loreto (que a la fecha viene ejecutando gastos del 33 por ciento): va sustituir la responsabilidad del gobierno central en inversiones multianuales con recursos ordinarios en vez de complementarse en una cadena de responsabilidades mutuas de financiamiento. Lo cierto es que la propuesta legislativa del fideicomiso indígena va tener resultados favorables al extenderse en un plazo de 20 años en un entorno actual de dificultad financiera ocasionada por la pandemia y de los problemas de inconsistencia de caja que están presentando las empresas petroleras hoy en día. Su aprobación va contraer un factor condicionante del Estado: garantizar la PAZ SOCIAL en el ámbito del circuito petrolero, y será difícil de cumplirse por los múltiples actores y clase dirigencial que manejan sus propias agendas (y sus propios intereses), los mismos que escapan al entorno del PAAP. Una realidad con errores y temores.
