• Graves negligencias, en algunos casos con visos de corrupción. 

Luego de 90 días de las medidas que se tomaron para enfrentar la pandemia Covid-19, es necesario realizar un breve balance con la finalidad de enfrentar las dificultades que se avecinan. La cuarentena y el aislamiento obligatorio fueron hechos según los modelos recibidos de Wuhan y Europa; la propia denominación el “martillo y la danza” obedece a las recomendaciones de un especialista español. Sin embargo, se pasaron por alto las peculiaridades de la realidad nacional. Además se confundieron los fines con los medios, al punto que la cuarentena y el aislamiento social se han convertido en un fin en sí mismos. No se valoraron los inconvenientes de aplicar políticas sanitarias verticales y universales –diseñadas para países homogéneos– en un país como el nuestro, heterogéneo, biodiverso desde el punto de vista económico, social, cultural y geográfico, y con altas tasas de informalidad, entre otros aspectos.

El curso de la pandemia en forma heterogénea, con curvas de ascenso y descenso diverso, con desfases en la línea de tiempo en función de la variedad del territorio nacional, ha demostrado la equivocación del Gobierno en la política de la cuarentena y el aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional. Además, la confusión entre medios y fines ha llevado a tomar acciones de aprovechamiento para otros intereses. Es decir, la pandemia ha sido usada como paraguas para realizar una agenda paralela que algunas veces ha colisionado con la finalidad y la eficacia de la acción gubernamental contra la pandemia. El pánico ha sido aprovechado para la centralización y fortalecimiento del poder político, con “el afán de proteger y salvar” a la gente y de paso reestructurar la sociedad, con un nombre rimbombante de “nueva convivencia”. Los ejemplos sobran, solo basta recordar la equidad de género con los días alternos varón y mujer, la inclusión social y financiera con largas colas en los bancos, la inclusión digital y el Internet, la estandarización social con los protocolos, el abuso de los decretos de urgencia, entre otros.

La cuarentena y el aislamiento social deberían haber servido para darle tiempo al Gobierno para fortalecer la capacidad de respuesta del sector salud. Además, para evitar los contagios masivos y simultáneos que podrían ocasionar el colapso del sistema de salud. El Gobierno optó por el enfoque hospitalario, con un fuerte componente militar y policial. Fortalecer “algunos” hospitales, denominados “hospitales Covid” y casi cerrar los establecimientos del primer nivel de atención; es decir, los puestos y centros de salud. El control policial y militar como elemento clave para el cumplimiento de las ordenes gubernamentales. Se crearon sanciones pecuniarias, multas e incluso se tipificaron delitos penales que dieron lugar a arrestos. La participación social quedó proscrita. La creación del Comando de Operaciones Covid-19, fue la verbalización y la práctica de ese equivocado enfoque.

Los estudiosos, analistas y los medios de comunicación nacionales y extranjeros indagan y aventuran respuestas sobre la crudeza de la afectación de la pandemia en nuestro país. Sin embargo, la respuesta es obvia. Ha fracaso el enfoque hospitalario. No ha existido estrategia alguna para romper la cadena de transmisión del coronavirus en la comunidad. Además, se ha perdido tiempo y no se ha preparado el enfoque comunitario, a través de sus dos componentes claves: por un lado, la organización de la comunidad; y por el otro, el fortalecimiento de la capacidad de los establecimientos del Primer Nivel de Atención. Es decir, de los centros y puestos de salud. La comunidad no ha participado en la rotura de la cadena de transmisión del virus. No ha implementado la vigilancia sanitaria y desconoce el enfoque de riesgo para el Covid-19 en su comunidad, en su distrito, en su provincia. Tampoco ha sido preparada para salir de la cuarentena y del aislamiento social. La comunidad debería fortalecer el autocuidado, la responsabilidad compartida y el control social. Ese trabajo comunitario, además, de la detección precoz de los portadores y enfermos, del aislamiento y del tratamiento temprano, corresponde a los establecimientos de salud del primer nivel de atención, a través de la Atención Primaria de Salud y la acción sobre los determinantes económicos, sociales y culturales en la propia comunidad. Los establecimientos del primer nivel de salud, los llamados centros y puesto de salud, son más de 8,000 y están distribuidos en cada uno de los 1,874 distritos del país. No han sido fortalecidos y se ha obviado a la comunidad. Se ha perdido tiempo. Una oportunidad desperdiciada.

Grave ha sido la negligencia, en algunos casos con visos de corrupción, del suministro de los bienes estratégicos necesarios contra el Covid-19, como mascarillas, pruebas moleculares y las controversiales pruebas rápidas, los equipos de protección personal, los medicamentos de apoyo, el oxígeno, las camas hospitalarias, de cuidados intensivos y ventiladores mecánicos, entre otros. Enorme daño ha causado la creencia en que la pandemia sería derrotada en los hospitales. Se pasó por alto un concepto esencial de la salud pública; a saber, las epidemias y las pandemias, se derrotan en la comunidad, con la más amplia participación social. La ciudadanía detectó el despiste gubernamental. La Contraloría, la Fiscalía, Susalud, la Defensoría del Pueblo, los colegios profesionales y el Congreso de la República tienen enorme tarea. ¡El Gobierno debe corregir!