Urge La Mejora De Su Gestión.
Pese a los conflictos sociales y al poco apoyo de los gobiernos de turno, entre el 2001 y el 2020, la actividad minera hizo posible que el Estado peruano capte alrededor de 100,000 millones de Soles por concepto de impuestos. Si se hubiesen desarrollado muchos proyectos mineros que quedaron paralizados, y el Estado hubiese mostrado mayor eficiencia en su gestión, hoy se hubieran reducido las grandes brechas sociales que continúan sumergiendo a millones de peruanos en la extrema pobreza. Para la década que se inicia tenemos un importante portafolio de proyectos en el Ministerio de Energía y Minas. El incremento de los precios de los metales plantea la imperiosa necesidad de empezar a poner en marcha estos proyectos. Urge que la minería sea una política de Estado que cuente con el apoyo de las comunidades donde se encuentran los proyectos. El actual incremento de la demanda de metales en el mundo asegurará ingresos que podrían hasta triplicar a los de la década pasada.
Tan importante como generar recursos fiscales es lograr que éstos se destinen a la generación de bienestar en la población. La disfuncionalidad del Estado ha hecho que los resultados sean calamitosos en este sentido. Estos recursos bien utilizados hubieran servido para cerrar brechas en salud, en educación, así como en otros servicios básicos. Los pueblos y las comunidades del interior del país siguen reclamando con toda justicia obras y servicios públicos de calidad, que siguen pendientes. Urge hacer un plan de desarrollo a mediano y largo plazo coordinado entre los gobiernos nacional, regionales y locales, con la participación activa de las universidades y las comunidades, para su proceso de desarrollo. Este plan deberá elaborarse bajo el concepto de desarrollo territorial aprovechando todas las potencialidades mineras, agrícolas, forestales, industriales, turísticas y energéticas que disponen en sus regiones, con una visión de cuenca. Otra opción –que implica la formación de mayor burocracia- es la creación de un organismo que se encargue de hacerlo. Debemos terminar con la lamentable situación que, después de cada lustro o cada década sigamos viendo cómo los ingresos captados no han sido bien utilizados y tratando de buscar a los responsables, mientras las comunidades no son beneficiadas.
En algunas zonas mineras existen casos de progreso, pero esto tiene que ser más contundente. Las bondades de un modelo económico tienen que reflejarse también en los indicadores socioeconómicos y la calidad de vida de los peruanos del interior. Para lograr esta meta, tienen que seguir fluyendo las inversiones, y estas vienen donde existe estabilidad política y jurídica. La industria minera pasa por el mejor escenario internacional debido a la recuperación económica de los países desarrollados y los países emergentes. Según el Banco Mundial el mundo crecerá a un ritmo de 5.6% debido al repunte post pandemia, especialmente China y EE.UU. que pueden crecer en 8.5% y 6.8% respectivamente. Lamentablemente, el escenario interno que vive nuestro país no es el mejor. La incertidumbre y preocupación generados por la coyuntura electoral y las propuestas del posible partido ganador de las elecciones ponen en riesgo la estabilidad y el crecimiento de la minería en el mediano y largo plazo. Quienes asuman la dirección del país deben tener claro que, si la minería crece, el Perú crece.
