La segunda fase del escándalo Vacunagate.
El 5 de marzo del 2021 el programa televisivo Beto a Saber puso en conocimiento de la opinión pública la existencia de un “Informe preliminar” de los ensayos clínicos fase III de las vacunas SinoPharm. Esa información ha generado una sobrerreacción del Poder Ejecutivo, con acusaciones de desinformación, de terrorismo mediático, atentado contra la salud pública y a las inmunizaciones. En modo paralelo, se ordenó al procurador de la República iniciar las acciones legales. Sin embargo, los propios investigadores de la Universidad Cayetano Heredia señalaron que el informe preliminar tenía dos equivocaciones que, según expresaron, ya han corregido, pero posteriormente a la propalación del programa televisivo.
La primera equivocación consistió en consignar como cepa de Beijing a la de Wuhan y viceversa. Eso implicó que los datos atribuidos a la cepa Wuhan, que los propios investigadores han considerado como ineficaces, sean atribuidos a la cepa Beijing, que es la que ha comprado el Gobierno y es la que han inyectado a los profesionales y trabajadores de la salud. En consecuencia, los medios han analizado y reflejado lo consignado en modo literal en ese informe preliminar y, por tanto, las expresiones peyorativas a las vacunas que se aplican en el Perú estaban justificadas.
La segunda equivocación se produjo, según los investigadores, en la titulación del informe, al llamarlo “Informe preliminar 2 de la eficacia de la vacuna Sinopharm”, cuando debió ser “Informe Preliminar 2 de positividad de vacunas Sinopharm”. Es decir, la corrección aclaraba que el informe no se refería a la eficacia de la vacuna, que solo se conocerá en las próximas ocho semanas, cuando los investigadores evacúen el informe final. Sin embargo, en este caso, también los medios reflejaron aquello que estaba consignado en el informe.
Sin percatarse de las equivocaciones del informe preliminar, el Gobierno descargó el poder del Estado contra el medio de prensa y sus periodistas. Además, se autoerigió en defensor de las inmunizaciones y de la democracia, porque presuntamente ese medio de comunicación sería parte de una estrategia diseñada para socavarla y desembocar en un golpe de Estado. En un raro mecanismo de defensa para una democracia, descartó por completo la gradualidad y la proporcionalidad en la respuesta. El ministro de Salud, que debería realizar las aclaraciones al medio de prensa de manera inmediata, incluso por teléfono, no lo hizo. Tampoco recurrieron al mecanismo de la carta notarial aclaratoria y de rectificación. Al contrario, se procedió a la denuncia penal contra los periodistas y, además se polarizó el espectro político en dos sectores irreconciliables. Es decir, el Gobierno en pocas horas se transformó en la representación política de una facción de militantes, en lugar de representar a todos los peruanos.
Sin embargo, luego de la denuncia periodística, empezaron a conocerse las “correcciones y las aclaraciones.” La primera aclaración ha sido que la vacuna SinoPharm ha sido comprada el mes de enero del 2021, sin tomar en cuenta a los ensayos clínicos del Perú, porque los investigadores ni siquiera han cumplido con el Informe del Análisis Interino que señala el protocolo de investigación, que es previo al informe final. Los funcionarios reconocieron que las compras se basaron en los informes de fase 2 de la vacuna y los resultados preliminares de fase 3, con una eficacia de 79.34%, aún no reconocidos por los países de alta vigilancia sanitaria.
La segunda aclaración ha sido que el informe preliminar ha tenido como objetivo obtener la autorización del Instituto Nacional de Salud para beneficiar a los voluntarios de los ensayos clínicos, mediante el conocimiento del “ciego” y determinar quién recibió la cepa Beijing, Wuhan o el placebo. La finalidad es, ahora sí, protegerlos con la vacuna que contiene la cepa Beijing, que resultó mejor que la cepa Wuhan.
La tercera aclaración es que la vacuna SinoPharm con la cepa Beijing, comprada por el Gobierno peruano, no es eficaz para prevenir la infección, pero sí para disminuir las probabilidades de hospitalización, gravedad y muerte. Es decir, el vacunado tiene la probabilidad de infectarse y contagiar. Además, según los investigadores, aún no se conoce la eficacia para los sintomáticos; sin embargo, los datos preliminares señalan que serán superiores al mínimo requerido por la comunidad científica internacional.
La cuarta aclaración es que la cepa Wuhan será descartada del ensayo clínico debido a los malos resultados preliminares. La quinta aclaración es que el Instituto Nacional de Salud ha tenido serios problemas para fiscalizar el desarrollo de los ensayos clínicos. Y que, a pesar de haberse promulgado en abril del 2020 el Decreto Supremo 014-2020, para regularlos durante la pandemia, ha sido insuficiente y debe ser corregido.
Es necesario comprender que el informe preliminar no ha estado destinado para su publicación. Las “equivocaciones” resaltan ese aspecto; pero la publicidad ha hecho transparente una parte adicional del proceso conocido como Vacunagate. Además, debido a la polarización política, es necesario que se realice una “auditoría científica internacional” al ensayo clínico, que bajo el paraguas del método científico le otorgue o le niegue la credibilidad y la confianza, y que además disminuya la negativa repercusión a nivel internacional. El Instituto Nacional de Salud debe realizar estudios de anticuerpos neutralizantes a los servidores de salud asistenciales ya vacunados, bajo criterios aleatorios y de riesgo, para evidenciar su protección y reducir sus niveles de estrés e incertidumbre. ¡La transparencia es saludable!
