Por Antero Flores-Araoz
Francamente da indignación y pena, que a quienes han luchado por la recuperación de la tranquilidad en nuestro país, que han evitado que el terrorismo siga haciendo de las suyas y, que han combatido contra la criminal subversión, se les maltrate.
Reiteradamente hemos reclamado por las penurias que siguen sufriendo luego de más de tres décadas del accionar, los miembros de nuestras Fuerzas Armadas que debelaron los motines en varios penales. También lo hicimos por los aproximadamente 17 años de indebidos procesos judiciales que afrontaron nuestros héroes de la operación Chavín de Huantar, en que se recuperó la libertad para los rehenes del MRTA en la residencia del Embajador del Japón.
Ahora nos toca levantar la voz de protesta por exponerse a peligro contra su vida e integridad física, a miembros de nuestras Fuerzas Armadas que lucharon contra el terrorismo. Me explico, se ha dado la irracional orden, de que nuestros militares que cumplían pena privativa de libertad en el penal militar “Virgen de la Merced” en Chorrillos, se trasladen a penales ordinarios en que estarán juntos y revueltos con delincuentes terroristas que se las tienen jurada a las Fuerzas Militares y Policiales que los redujeron.
Luego de los estudios que se hicieran y de ubicarse un predio adecuado para que los miembros de las Fuerzas Armadas, condenados a pena de carcelería, no estuvieren mezclados con reos comunes y de gran peligrosidad, el 14 de mayo del 2008 se suscribió convenio entre el Ministerio de Defensa – en aquel entonces a mi cargo – y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a fin de que parte del ex cuartel Tarapacá pasase a ser utilizado como establecimiento penal “Virgen de La Merced” a cargo, conducción y responsabilidad del INPE, reconociéndose expresamente que con ello se contribuiría al “deshacinamiento de sus establecimientos penales”.
El convenio al que nos hemos referido en el párrafo anterior tuvo algunas modificaciones en cuanto a localización, responsabilidades del Ejército Peruano y del INPE y también en cuanto al plazo, el que fue prorrogado hasta el 24 de febrero del 2020, esto es se encuentra vigente. Empero, sorpresivamente el INPE en su comunicado 19-2019, anuncia el cierre del Establecimiento Penitenciario Villa de la Merced” y traslada a sus reclusos a otros penales, cuando lo que debió hacer es una prórroga indefinida al convenio.
Como pretexto disfrazado de causalidad, el INPE menciona que su decisión se debe a que el penal en cuestión no reunía “las condiciones adecuadas de seguridad”. Si ello fuere así, se corrige la situación, pero no se cierra el penal. Con el criterio del INPE si hay accidentes de tránsito, en lugar de ponerse semáforos e inspectores, mejor que se cierren las vías. ¡De locura!.
Sabemos perfectamente que los penales ordinarios se encuentran sobre poblados, están tugurizados, y ante esa situación es dificilísimo que puedan ser resocializados los internos, cual es uno de los objetivos de las sanciones privativas de libertad. Por otro lado, nuestros fiscales y jueces caneros siguen ordenando excesivas y muchas veces innecesarias prisiones preliminares y preventivas. Ante lo descrito es incomprensible la decisión del INPE de cerrar el penal chorrillano, en que por lo demás parte del costo era asumido por el Sector Defensa.
Claramente se debería proteger la vida e integridad de nuestros militares que lucharon contra el terrorismo, situación diferente a la de aquellos pericotes que se llenaron los bolsillos ilícitamente a costa del patrimonio del Estado, en que no es necesario que se encuentren en penales ordinarios. No olvidemos que la vida e integridad personal son los valores más protegidos por la Constitución y los tratados sobre Derechos Humanos, lo que parecería desconocer el INPE.
Hay que corregir de inmediato el despropósito al que nos referimos.
