Entiendo la desesperanza e indignación de mucha gente, cuando va a una farmacia a adquirir algún medicamento necesario en la crisis que vivimos, por la pandemia del COVID 19, y se encuentra que el producto se agotó, que aumentó su precio desproporcionadamente o que tiene que buscarlo en el mercado negro.

Como por un resorte saltan algunos parlamentarios pidiendo con altos decibeles que haya control de precios, que se reforme la Constitución y que se meta a la cárcel a los titulares de laboratorios, droguerías, importadores, farmacias y boticas.

Despotrican, por supuesto, contra las reglas de mercado de nuestra Constitución, que ha permitido ponernos en la ruta del desarrollo y no en el sendero de populismo que tanto daño genera.

¡Vaya solución propuesta! Ella solo nos conducirá a fin de cuentas, al desabastecimiento, por la mayor tramitología que exigirían los controles, además de la corrupción que florece cuando se requieren autorizaciones previas, registros adicionales, permisos y cuantas licencias se les puede ocurrir a mentes afiebradas. Con ello se puede alcanzar hasta la desaparición del producto y la fabricación de algún sustituto, con agregados o supresiones y que requerirá de más trámites y gestiones, que siempre se cargarán al precio.

Felizmente, hay solución y ella tiene varios componentes. El primero es educar a los pacientes y familiares, que se automedican o adquieren “por si acaso” mayor número de tabletas, inyectables o jarabes, de lo que les ha sido recetado. Deben tener conciencia de que lo que adquieren en demasía, les puede faltar a quienes realmente lo necesitan, pero no lo encuentran por él que acaparó.

También se necesita la labor policial, pero inteligente y no al “guerrazo”, para ubicar establecimientos clandestinos que adulteran fármacos, cambian fechas de expiración, y abastecen al mercado negro.

El Estado, que es quien suministra la mayor parte de los medicamentos a través de los establecimientos públicos de salud, en sus diferentes niveles, debería adquirirlos a tiempo y en las cantidades necesarias. Incluso, para reducir precios, la adquisición en conjunto por el Ministerio de Salud, los establecimientos de salud de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sin olvidar a EsSalud, que si está haciendo esfuerzos serios por la mejor calidad de sus servicios.

Cuando en hospitales del Estado, no se encuentran los medicamentos, el paciente tiene que adquirirlos en las farmacias de los alrededores, lo que llama a la sospecha, para no hacer acusaciones sin prueba. Lo que es imperdonable, es que el Ministerio de Salud deje de adquirir la totalidad de lo presupuestado y solo lo haga por aproximadamente el 50% de ello, como sucedió el año pasado.

Otro tema, que de corregirse también incidirá en la solución del problema de precios, es la tramitología, abusiva y morosa para otorgar registros sanitarios y autorizaciones de importación, que deberían ser automáticas si el producto proviene de países con altos estándares de calidad farmacéutica. Tímidamente, se ha emitido un Decreto Supremo para la emergencia, pero debería ser permanente.

Como vemos si hay solución, ojalá también haya decisión.