El 20 de abril, mediante RM 212-2020-Minsa, se ha conformado el Grupo de Trabajo Temporal, con la función de asesoría en aspectos bioéticos durante la pandemia Covid-19. La función es asesorar en materia de “abordaje bioético” para la toma de decisiones en los servicios de salud. Llama la atención que no se hayan creados grupos de trabajo de ética médica para resolver las dificultades del comportamiento de los servidores de salud de nuestro país.

La ética es el conjunto de normas o costumbres que rigen la conducta de una persona que es considerada buena. En cambio, la bioética es una corriente utilitarista dentro de la ética médica, que pasa el comportamiento humano por el tamiz del costo-beneficio y del costo-utilidad, dentro de la relación médico paciente y de la relación de las intervenciones gubernamentales en salud pública ante las colectividades y la sociedad.

La bioética es una corriente nueva que nace el año 1972 para afrontar el gasto de dinero en el mantenimiento con vida de personas que ya no serían útiles a la sociedad y a la familia. La vida humana ya no sería el foco central de la atención de la ética, sino la relación económica que se deriva de la vida humana. Cobra relevancia la decisión “libre del propio paciente” o de sus familiares en relación a la utilidad de la vida y a su valoración en relación al costo-efectividad y al costo-beneficio. Ese es el sentido que tiene la creación del Grupo de Trabajo Temporal del Minsa.

La creación de este grupo es un indicador de los momentos difíciles en muertes que vivimos, y además evidencia las herramientas utilitaristas que usarían frente a la vida y a la decisión de muerte. Es decir, debido a la escasez y a las consideraciones sobre la “utilidad de la vida” de los pacientes, los profesionales de la salud y los familiares podrían atravesar momentos difíciles para tomar decisiones “contra la vida”. Sin embargo, en nuestro país, según el mandato constitucional, la vida es el primer principio, debajo del cual se entienden todos los demás principios del comportamiento humano, en concordancia con la ética médica hipocrática heredada hace 2,500 años, que considera al ser humano como un fin en sí mismo. Se advierte, entonces, que ese tipo de decisiones bioéticas tendrán serias colisiones e implicancias legales.

La exposición de los médicos a la toma de una decisión sobre a quién se retira el ventilador y se deja morir no es un escenario posible en nuestro país, a menos que los médicos se expongan a drásticas sanciones penales. La bioética sería inaplicable en nuestro país, debido a que no es posible legalmente negar el ingreso a un ventilador, así como tampoco retirarlo a voluntad del médico. Además, una sociedad tan desigual y de gran segmentación económica convierte al trato igualitario en una ilusión. Es decir, solo los pobres se van a disputar los respiradores. Además, la inequidad en la existencia de las unidades de cuidados intensivos en las clínicas privadas y en los hospitales públicos de Lima Metropolitana contrasta con la precariedad de las regiones, por ejemplo: Loreto, Chiclayo, Piura, y otros. No es moral mantener en desventaja a las llamadas “cargas sociales” y que la pandemia solo sea el pretexto para “hacerlas desaparecer”.

La presente pandemia ha puesto en evidencia que la experimentación médica en las personas en modo individual está muy controlada. Sin embargo, la experimentación social, los ensayos sobre la sociedad a través de las políticas públicas y las intervenciones sanitarias en nombre de la medicina preventiva o de la salud pública no tienen ninguna regulación. Ahora, más que nunca, es necesario que las decisiones en salud pública, en las intervenciones sanitarias, pasen por el tamiz de la ética.

La ausencia de racionalidad ética genera serios conflictos con los usos y costumbres de la sociedad. Por ejemplo, las decisiones equivocadas reiteradas en tres oportunidades que se han tomado en torno a los cadáveres, porque no se ha comprendido que la percepción de la muerte es cultural. Es inaceptable que el Minsa aluda a recomendaciones extranjeras, para decidir qué hacer con los cadáveres; que se plantee la disyuntiva entre incinerar o inhumar, o si el diagnóstico de muerte por Covid-19 lo coloca el médico tratante o el burócrata epidemiólogo del Minsa. Los funcionarios del Gobierno conocen las implicancias legales y culturales de contradecir el diagnóstico clínico y de muerte del médico tratante. La expresión de la ausencia de racionalidad ética y jurídica ha sido el conflicto mediático sobre el número de muertos por la pandemia Covid-19.

El Minsa ha ingresado a una insalvable contradicción. Por un lado, señala que el diagnóstico clínico del paciente es suficiente para iniciar el tratamiento para Covid-19; por otro lado, señala que el diagnóstico clínico no es suficiente para establecer la causa de muerte. Es obvio que existe una violación flagrante de los derechos de los pacientes, a través del menoscabo de la autonomía del médico y del ejercicio del discernimiento clínico del acto médico, que protege al paciente.