A propósito del conflicto entre Raura y la CC de Páucar

La amenaza de la comunidad campesina San Juan de Páucar, de tomar posesión de terrenos que ocupa la empresa minera Raura, es una manifestación de un grave problema que ocurre a lo largo y ancho del país: la superposición de propiedades y la mala o nula delimitación de linderos.  Esta fuente de conflictos aún no es debidamente atendida por quien muchas veces es el propio responsable: el Estado Peruano.

El caso Páucar-Raura se trata de una controversia sobre terrenos que ambas entidades reclaman como propio, y de los cuales, los dos poseen derechos inscritos. La empresa minera propuso dirimir la disputa a través de las instancias judiciales y ceñirse a lo que estas dictaminen. Sin embargo, esta vía significaría una pérdida para Páucar, pues, de acuerdo con el Código Civil, quien posee el título más antiguo, en este caso, Raura, tiene “mejor derecho de propiedad”. La comunidad prefirió un arreglo extrajudicial.

Raura aceptó ir un diálogo mediado por el MINEM para sanear las tierras conforme al derecho preferente que le corresponde a las partes. Además, se sumó a esta negociación, una propuesta de compra de tierras exclusivas de Páucar. Sin embargo, el paquete económico que ofreció la Empresa (por saneamiento y compra) no fue del agrado de los dirigentes comunales, quienes optaron por romper el diálogo, desconocer los derechos de Raura y promover el acto extremo de tomar posesión de las tierras superpuestas. Esto lo llevarían a cabo el 28 de enero y podría acarrear serias consecuencias sociales, económicas y ambientales, además de eventuales complicaciones legales para los comuneros.

Pero vayamos más atrás, al origen del problema. A inicios de los años 70, el Estado peruano expropió terrenos de dos haciendas privadas a favor de la empresa minera Raura. Las familias propietarias, Cardich y Zubiaur, ostentaban títulos de sus fundos que databan de los años 1908 y 1923, respectivamente.

En la década de los 90 surge la comunidad campesina de San Juan de Páucar, la cual solicita al Programa Especial de Titulación de Tierras y Catastro, PETT, la inscripción de su territorio, de cerca de 20,000 hectáreas. Sin embargo, el PETT, dependencia del MINAGRI, omitió un detalle en este proceso: verificar si había conflictos con las tierras a adjudicar. No tomó en cuenta que ya existían terrenos inscritos con mayor antigüedad. En este caso, de la compañía minera Raura.

Es así como, tropezándose consigo mismo, el Estado originó una controversia que hoy se debate entre el arreglo institucional y el conflicto social. La salida solo dependerá de la buena voluntad de las partes y del rol vital y activo que debe jugar el mismo causante, es decir, el Estado peruano.