Preparándose para la segunda ola de contagios
El Ministerio de Salud (Minsa) ha presentado los objetivos del Plan de Respuesta ante una posible segunda ola de la pandemia Covid-19. Al margen de las cifras de futuros escenarios –de bajo riesgo, riesgo mediano y alto riesgo–, de los nuevos casos y fallecidos, llama la atención el enfoque y la metodología que empleará el Minsa en el futuro. Las propuestas constructivas y las lecciones no han sido tomadas en cuenta. Una vez más se insiste en el enfoque hospitalario, militar y policial.
Según el Plan se pretende fortalecer la organización, la coordinación y la participación multisectorial en los tres niveles de gobierno; pero, por increíble que parezca, no se ha incluido a la organización comunitaria. Es decir, plantea el fortalecimiento de la relación al interior del Estado, bajo la premisa de estrechar los lazos Estado-Estado en los tres niveles de gobierno. Los detalles abundan para explicar la forma en que se implementaría este objetivo; sin embargo, no ha esbozado ninguna iniciativa legislativa o lineamientos del futuro Reglamento de la Ley 30895 “que fortalece la función rectora del Minsa”.
Además, para prevenir y controlar la transmisión comunitaria se propone la implementación de Centros de Aislamiento Temporal (CAT) para los casos en que no se pueda disponer del aislamiento domiciliario. Asimismo, se anuncian normas para el aislamiento domiciliario y un plan de fortalecimiento de estos Centros de Aislamiento Temporal. Resalta la detección oportuna de casos Covid, con la intensificación de la vigilancia e investigación epidemiológica, mediante el diagnóstico de laboratorio (con pruebas moleculares y antigénicas) y las aplicaciones para dispositivos móviles. Pero, como se puede apreciar, la organización comunitaria es la gran ausente.
El Operativo Tayta, como su nombre lo indica, es una Operación Territorial de Ayuda para el Tratamiento y Aislamiento (Tayta) a cargo del Ministerio de Defensa. Es una acción cívico militar con la finalidad de fortalecer la lucha contra el Covid-19. El Minsa ha señalado que realizará alianzas con estos operativos; sin embargo, no ha aclarado qué implica esto y cómo se ejecutarán esas alianzas y por qué no se transfieren al Minsa. Los operativos cívico-militares son verticales, temporales y compiten con los centros y puestos de salud del Primer Nivel de Salud.
La misma lógica la encontramos en las aplicaciones móviles que ha hecho el Ministerio de Defensa, sobre la base de la autorización excepcional, debido a la pandemia, para el uso de la geolocalización de los teléfonos celulares de todos los peruanos. Este aplicativo informático y la autorización de la geolocalización debería ser trasladada al Minsa, sobre todo porque el Minsa ya ha realizado las modificaciones técnicas necesarias y las ha adaptado a sus necesidades. Además, a estas alturas, ¿para que le es útil esa información al Ministerio de Defensa? Sin embargo, en manos del Ministerio de Salud, con las precauciones a que está obligado por la ley para el respeto de la intimidad y de los derechos humanos, sería una herramienta eficaz para la lucha contra la pandemia.
El Plan señala que es necesario fortalecer el nivel de conocimiento y percepción de la población, a través de infografías, videos, documentales, spots de radio, televisión, noticias, redes sociales, etc. Sin embargo, para que ese gasto tenga impacto en la comunidad, se requiere presencia de la organización y del enfoque comunitario. Y que la información, la comunicación y la educación se refieran a temas concretos de la propia comunidad, con aspectos ligados a sus usos y costumbres, además, del respeto de su peculiaridad y pertenencia cultural.
El Plan resalta el “fortalecimiento de la disponibilidad de suministros estratégicos con un soporte administrativo y logístico eficiente”. Hubiese sido mejor que el Minsa coloque en primer lugar a la eficacia. En salud, es poco empático colocar en primer lugar a la eficiencia, porque la vida y la salud son fines en sí mismos. Lo obvio es ser eficaz y eficiente. Asegurar la existencia de insumos y medicamentos estratégicos, sin corregir los 82 nudos críticos que obstaculizan su abastecimiento, parece una misión imposible. Además, se ha retrasado, en modo inexplicable, el proceso de actualización del Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales (PNUME), con los mecanismos de transparencia que exige la Ley 31013. Por ejemplo, es inconcebible que aún se mantenga solo el oxígeno medicinal al 99% de concentración, cuando es útil desde el 93%. Esa actualización del PNUME amplía el mercado, fortalece la competencia y facilita el suministro.
El “fortalecimiento de la capacidad de respuesta para la atención de pacientes” requiere personal; pero debido a la incertidumbre, el Minsa ha planteado renovar los contratos, a pesar de la disminución de casos Covid-19, porque son necesarios para realizar otras actividades médicas y de salud. Sin embargo, aún no cumple con los temas laborales del personal nombrado: la escala salarial, el nombramiento de contratados, ascenso, cambio de grupo ocupacional y de línea de carrera, bioseguridad, entre otros aspectos que han creado una enorme conflictividad laboral. Además, el Gobierno ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 31039 que, en modo parcial, resuelve esos aspectos laborales. No parece una buena alternativa soslayar a los servidores del sector salud y pretender fortalecer la capacidad de respuesta del Minsa y del Sistema Nacional de Salud.
