Por Ántero Flores-Aráoz

No es novedad que los peruanos nos sentimos indignados por la corrupción que está enquistada en nuestro país, pero que ha ido creciendo en los últimos cerca de treinta años gracias a empresas constructoras de origen brasilero que, solas o consorciadas con otras peruanas, sucumbieron a las exigencias inmorales de autoridades nacionales para entregarles la ejecución de obras públicas o también, para seducir a tales autoridades con “comisiones” para el otorgamiento de la buena pro de muchas obras.

Sea lo uno o lo otro, lo cierto es que se aumentan los precios de las obras, para que con el diferencial entre el costo verdadero y el que con el que se contrata, se pueda “coimear” a determinadas autoridades en cuyas manos se encuentra la dación o no de las obras o, por lo menos, se influencia para ello.  Si es que los precios contratados fuesen los reales, no habría el diferencial y el Estado con tales recursos podría hacer muchísimas otras obras que son tan necesarias en áreas de salud, de educación y de infraestructura, entre otras.

Como vemos, la indignación popular tiene absoluta justificación, aunque con la exageración de admitir sin reparo alguno, prisiones preliminares y preventivas, estas últimas de hasta por 3 años, contrariando el sentir generalizado de operadores del Derecho y de jueces supremos, que señalan el derrotero de hacer precisiones para evitar abusos al debido proceso y al derecho de enfrentar en libertad los procedimientos penales, entendiendo que dichas medidas de carácter extraordinario, se han ido mutando a ordinarias.

Lo que no tiene lógica ni motivación justificable, es el odio que se observa en twits, correos electrónicos y diversas redes sociales, en que se hace seda y pabilo de todos los investigados, sin siquiera haber aún acusación fiscal y sin que se haya actuado elementos probatorios para llegar a determinar la verdad de los hechos y la identidad de los responsables.

Quienes destilan odio, que envenena el espíritu, no están limitados a quienes opinan sobre acciones corruptas, sino también a quienes con hechos tratan de por mano propia, “ajusticiar” a quienes han delinquido, como recientemente ha sucedido en Apurimac.

No tengo motivo alguno para ser defensor de oficio de nadie, pero si llamar la atención que quienes están inculpados o simplemente en vías de investigación, se encuentren en libertad o en prisiones reales o domiciliarias, pero únicamente precautorias, son seres humanos que tienen familias, las que sin ser responsables de hechos u omisiones de los involucrados, sufren por ellos y más aún cuando escuchan o leen comentarios desafortunados, con expresiones de odio y,  hasta se solazan con proferir aquellos.

¿Qué nos está pasando? ¿Es acaso que nos estamos deshumanizando?  La verdad, no lo sé, pero preocupa que nos olvidemos de principios cristianos como la compasión por quienes sufren, lo que de modo alguno signifique que quienes delinquieron no sean pasibles de sanción, y ella con toda su severidad y rigor.