Por Manuel Ernesto Bernales Alvarado – Politólogo y Administrador Público
Encuadre indispensable.
En los últimos 20 años prensa, académicos, políticos, ongs, iglesias, entidades del sistema de las Naciones Unidas, organismos bilaterales y multilaterales, empresarios y Órganos de los tres poderes del Estado han insistido en series estadísticas sobre conflictos sociales poniendo en relieve los causados por factores ambientales y sociales. Nadie ha cuestionado la validez teórica, metodológica ni uso de indicadores, desde informes de la Defensoría del Pueblo, fuente más citada, hasta Willakniki publicación de la PCM, pasando por estudios y boletines de ongs internacionales, de nivel nacional y departamental.
El total presentado ha ido in crescendo. No se ha develado con precisión causales ni responsables por muertes, daños y conducta violenta fuera de la ley. Se han tejido, impuesto o consentido historias y relatos que responde a un anti de turno dentro del rechazo al “sistema” o régimen constitucional, que lleva más de dos generaciones, constituyendo una creencia arraigada en diversos sectores de la población, especialmente jóvenes, según estudios y encuestas tampoco científicamente validadas o auditadas.
Esta caracterización se usa también por reduccionistas estatoquístas a ultranza: los antimineros causan los conflictos. El polo opuesto reitera: causantes son los capitalistas y sus operadores antipopulares y/o corruptos fuera y dentro del Estado, no solo del Ejecutivo nacional, al servicio de las empresas o que no aseguran la presencia y actuación efectiva de tres niveles de gobierno de la república.
Ninguna publicación sobre conflictos ha tipificado y realizado estadísticas sobre los actores políticos, partidos, movimientos y líderes como parte de factores de conflictividad. Tampoco de los agentes ilegales nacionales y extranjeros: son aludidos y quedan en la sombra: caso Majaz o Rio Blanco. Solo informes no públicos del sistema de inteligencia del Estado sí toman en cuenta esos diversos factores y actores. Tampoco son bien usados porque no hay una buena capacitación para ello.
Hay pocos estudios sobre la ineficiencia y corrupción que han hecho humo tanto transferencias del Gobierno Central como miles de millones de dólares por canon y regalías en la Amazonía, sierra y costa.
Propuesta.
Mientras el gobierno central no tenga equipos permanentes trabajando y conviviendo con las poblaciones en cuyo hábitat hay o habrá proyectos de inversión de industrias extractivas, como antes hubo maestros rurales y promotores del desarrollo humano comunitario ejemplares, habrá un enorme vacío apto para cualquier agente perturbador. Se vive en la desmemoria!
Estos equipos bien seleccionados preparados y supervisados costarían muy poco para las grandes y medianas inversiones y serían soporte primo y constante para el ejercicio del poder regulador y arbitral del Estado. Costarían menos que inefectivos medios escritos o audiovisuales hechos por y para los creyentes en un reduccionista mensaje empresarial: mensajes caros para un público cautivo!
Estas personas, varones y mujeres, preferentemente de la zona, deben tener unidad de doctrina, planeamiento, inteligencia y acción, sobre y mediante la promoción del desarrollo y seguridad humana, la palanca inversionista de industrias extractivas como la minera, la gradual conjugación de expectativas y tiempos que conlleva 20 o más años de presencia de agentes de una economía y sociedad globalizadas y de un Estado Republicano Unitario, en áreas de pobreza, desigualdad y tradición de marginación y maltrato republicanos.
Esencial es que cada parte una vez logrado un acuerdo unánime, cumplan con el programa acordado mediante la organización aprobada, caso Quellaveco, y la autoridad pública no sea reducida a incumplir su misión rectora y legal.
Cuesta arriba
