EL CONATO DE “NUEVA CONVIVENCIA”

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No se cuestiona el cobro por parte de las clínicas, sino el monto

Con la frase exculpatoria “quieren que haga en cien días, aquello que no se ha hecho en cien años” el presidente de la República justificó los diversos tropiezos que ha tenido para enfrentar la pandemia Covid-19 y la grave afectación de la economía nacional. Las críticas, con niveles de escándalo, están relacionadas con las pruebas moleculares y los cobros en las clínicas particulares para la atención de los pacientes afectados por la pandemia. En ambos casos no se ha cuestionado el cobro por parte de las clínicas, sino el monto. 

Perú tiene un sistema de Salud segmentado; es decir, que los ciudadanos se agrupan por segmentos en función del origen del financiamiento que cubre su atención de salud. El proceso de segmentación refleja diversos estándares de atención médica, en función de si el segmento poblacional es más pudiente o es más pobre. Las clínicas particulares se ajustan, en general, a las necesidades de los usuarios, que poseen la capacidad de sufragar por sí mismos sus propias atenciones médicas; ya sea con su propio bolsillo o a través de la contratación de seguros privados. 

Durante la pandemia, las clínicas privadas –a pesar de la monopolización, por parte del Instituto Nacional de Salud (INS) del Minsa, de las pruebas moleculares para detectar el Covid-19– lograron tomar las pruebas de sus propios usuarios y llevarlas para su procesamiento gratuito en el INS del Minsa. Este segmento poblacional fue atendido en sus demandas de pruebas moleculares en las clínicas privadas porque obtuvieron un trato especial y preferente. No tuvieron necesidad de inscribirse en la lista de espera, de hacer tediosas llamadas telefónicas ni de cumplir con el “protocolo” del Estado. Sin embargo, el escándalo no se debió al trato especial y preferente en el procesamiento de las pruebas moleculares del segmento pudiente con dinero público, sino a los altos costos que cobraban las clínicas. 

El Gobierno anunció que el tratamiento de los pacientes con Covid-19 era gratuito. Las clínicas privadas ofrecieron el servicio a sus usuarios; es decir, al segmento poblacional más pudiente. ¿Cuál fue el escándalo? Que los precios eran altos. Es decir, las clínicas cobraban montos exorbitantes por servicios que deberían ser gratuitos. Las clínicas privadas, igual que todos los establecimientos de salud públicos, tenían problemas para cubrir la demanda de su propio segmento poblacional. Este segundo caso escandaloso tampoco se debe al trato especial y preferente a los pacientes del segmento poblacional pudiente, sino al exorbitante precio. Una vez más, los altos precios.

El Decreto Legislativo (DL) N° 1302 del año 2016, “que optimiza el intercambio prestacional”, señalaba que la participación del sector privado era complementaria: solo cuando la capacidad de los hospitales públicos estaba sobrepasada, se podía contratar los servicios de las clínicas privadas, como complemento. Sin embargo, el Gobierno derogó ese DL y promulgó el DL N° 1466 (del 2020), “de intercambio prestacional”, que ha cambiado la relación complementaria del sector privado y la ha convertido en alternativa.  Es decir, ya no es necesario que el sector público esté sobrepasado y los pacientes sean transferidos a las clínicas para aumentar la oferta para los pacientes que acuden al hospital público, sino que los pacientes de las clínicas sean cubiertos con el dinero del Seguro Integral de Salud. En otras palabras, las clínicas ofrecen servicios alternativos a la oferta pública con el dinero del Seguro Integral de Salud. En modo simultáneo debió promulgarse el DL N° 1466, el reglamento y el tarifario, pero no se hizo. Las expectativas de las clínicas y de los pacientes fueron grandes. Sin embargo, el Seguro Integral pretendía consensuar una tarifa “razonable”, solo que el tiempo jugaba en su contra.

Como es conocido más del 90% de las atenciones médicas se realizan en los establecimientos de salud públicos, sean estos del Minsa, de EsSalud, de las Fuerzas Armadas y Policiales, de los gobiernos regionales o de las municipalidades; que durante la pandemia han sido sobrepasados en sus capacidades. Sin embargo, tal como equivocadamente ha sido planteado en el DL N° 1466, se fortalece la segmentación y el uso “exclusivo” de los servicios de las clínicas privadas. 

La colaboración entre el sector privado y el público ha sido permanente en el Comando de Operaciones Covid-19. Las clínicas han atendido a sus pacientes víctimas de la pandemia, y sus capacidades también están sobrepasadas. Sin embargo, el Gobierno retardaba el pago de las atenciones debido a la dificultad de llegar a un acuerdo de precios, de la tarifa. Los usuarios atendidos eran obligados a pagar sus atenciones, a pesar de que el DL N° 1466 los ampara y les otorga gratuidad. La promulgación unilateral por parte del SIS de las tarifas para las clínicas dio origen al impasse de orden comercial entre las clínicas y el Gobierno.

La intervención del presidente de la República con el conato de expropiación de la propiedad de las clínicas ha logrado un acuerdo inmediato, pero a S/ 55,000 por paciente, más IGV. Un incremento de casi el doble. Ese monto también les debe corresponder a los hospitales públicos por cada paciente.  ¡Urge defender la democracia y erradicar el doble estándar!

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