Se habla mucho de igualdad y que en nuestra patria hay escandalosas desigualdades, sobre todo de oportunidades y, son las oportunidades en que con mayor urgencia debe existir la igualdad, como por ejemplo igualdad básica en la calidad de los servicios educativos, igualdad también básica en la atención de la salud, en la dotación de servicios públicos como electricidad, agua y desagüe, entre tantas otras cosas.

Lamentablemente el Estado, que debería ser el primero en dar igualdad de oportunidades a todos, actúa en dirección contraria, como es el caso de la educación universitaria, en que, si bien la ley propugna mínima buena calidad de enseñanza para todas las universidades, hace distingos entre las universidades públicas y las privadas, estas últimas sean asociativas o societarias.

El distingo más notorio y sumamente injusto, es que únicamente para las universidades públicas se les ha otorgado, vía Decreto Supremo 016-2019-MINEDU, una segunda oportunidad de licenciamiento, lo que no ha sido conferido a las universidades privadas en similar situación.

De nada sirve que nuestra Constitución del Estado haya establecido como derechos sustantivos, el de la igualdad ante la ley y la no discriminación, si es que el Poder Ejecutivo concede nuevas facilidades de licenciamiento para las universidades públicas, pero se las deniega a las privadas.

Más grave aún es la discriminación con los alumnos, pues mientras los de las universidades públicas con licenciamiento denegado, podrán seguir estudiando en sus universidades, se discrimina a los universitarios de las privadas que tendrían que buscar otros centros superiores de estudios, con las limitaciones del caso, pero que, en la práctica, a la gran mayoría de ellos, o se los deja de inmediato en la calle o los enviarán a ella en dos años. Terrible y socialmente peligroso, por cierto.

Pero hay más transgresiones a las disposiciones constitucionales, entre ellas la prohibición de expedir normas especiales por razón de las diferencias entre personas. Se ha expedido norma singular para las universidades públicas, dejándolas huérfanas de apoyo a las privadas y, sin razón alguna. Ello significa diferencia entre los alumnos.  Mientras a los alumnos de las universidades estatales, cuyos estudios son solventados por los impuestos que pagamos, a los alumnos de las privadas cuyas pensiones están a cargo de sus padres o de ellos mismos, y no le cuestan al Estado, se les trata en forma diferente. Francamente de Ripley.

No creo que haya ningún insensato que no reclame igual oportunidad de estudios para todos, pero también hay que exigir que la calidad mínima sea la misma, lo que no se logrará con extender partida de defunción a algunas universidades privadas, sino facilitarles el ascenso en calidad educativa, dándoseles la ayuda que requieren, que no es económica, sino de trato humano y esperanzador.

Sería muy cruel impedir el sueño del estudio universitario para tantos peruanos que hacen grandes sacrificios para lograrlo y, que han accedido a universidades privadas con muchas privaciones, al no tener la capacidad deseable las universidades públicas para recibir a todos los postulantes a matricularse.