Por Ántero Flores-Aráoz
En los aniversarios de las instituciones representativas de gremios empresariales, usualmente se invita al Presidente de la República y a algunos ministros de Estado y, en los discursos se lanzan loas recíprocas entre anfitriones y huéspedes oficiales, los primeros ofertando más inversiones y los segundos prometiendo facilidades.
Suena lindo, pero lo que no pueden esconder las buenas maneras y frases corteses, es que el empresariado está desanimado y desmotivado y ello no por falta ni de interés ni de recursos para invertir, sino por el clima de confrontación innecesario de los actores políticos, que lejos de fijar un norte desarrollista común, se agotan en disputas intonsas. A ello hay que agregar las trabas burocráticas.
Lo cierto es que el desempleo no se reduce y ello es consecuencia de carencia de inversiones suficientes, que son las que generan puestos de trabajo y no solamente ello, sino cuando hay más demanda laboral las remuneraciones del sector empleado aumentan, pues la demanda de trabajadores genera competencia remunerativa.
Quienes tenemos que liar con permisos, autorizaciones, licencias y tantos trámites interminables, sufrimos el temor de los funcionarios públicos de firmarlos, e indudablemente las demoras desalientan además de aumentar costos, pues se está listo para invertir, pero no se puede hacer por la famosa tramitología de la que somos sufridos dependientes.
Cuando a lo conceptual le agregamos guarismos, el tema se muestra mucho más serio. Por ejemplo, en el Sector Hidrocarburos, de 39 contratos vigentes 12 se encontraban con obligaciones suspendidas, gran parte por obstáculos burocráticos y otros por conflictos socio ambientales superables.
La cartera de proyectos mineros es de 57,240 millones de dólares, en que solo hay definidos 46% pero por definir el 54%. Más de 30,700 millones de dólares podrían entrar progresivamente al circuito financiero, generando fuentes de trabajo, si se pusiera empeño desde el Gobierno Central para acompañar a los inversores en sus ajetreos de la “permisocracia”. Se han creado oficinas y dependencias públicas para resolver problemas burocráticos, ello con muy buena intención, pero hasta ahora con magros resultados. Grave es la situación en gobiernos regionales y locales, en que la ejecución presupuestal debería ruborizar a sus titulares.
También se podría contribuir a generar fuentes laborales importantes, si desde el Estado se ejecutaran los proyectos viales, portuarios, aeroportuarios y otros de infraestructura, ejecutados solo parcialmente o aún por iniciar que según datos de AFIN son del orden de casi 6,300 millones de dólares.
No dudamos de los buenos propósitos de nuestros gobernantes, que seguramente los tienen, como tampoco dudamos de la buena disposición de algunos ministros, pero ello no basta, se debe poner acción a los ofrecimientos, destrabando lo destrabable, reduciendo trámites, haciendo que la acción se sume a la palabra y haciendo que los funcionarios por lo menos cumplan con los plazos para resolver lo que es de su competencia.
Lucha contra la corrupción, por supuesto; reforma judicial, indispensable; reforma política, adelante, si es que se hace bien; pero lo principal animar al inversor que es quien genera trabajo.
