Cuando se visita alguna cárcel peruana y, peor si se está interno en ella, seguramente se preguntará, si al describir Dante Alighieri al infierno en su “Divina Comedia”, con ocho siglos de anticipación, visualizó al establecimiento penal “Sarita Colonia” o cualquier otro, pues más que menos, en la práctica tienen los mismos defectos, sus internos sometidos a similar calvario y las condiciones carcelarias, si es que son deplorables, es que deben haber mejorado en las últimas semanas y, ello por casualidad y no porque se lo hubieran propuesto las autoridades del INPE, adscrito al Ministerio de Justicia.

Probablemente el lector se preguntará a que viene mi reflexión y la respuesta es simple, es a la preocupación por el hacinamiento, la tugurización, la falta de toda posibilidad de readaptación que existe en nuestros penales, convertidos en escuelas superiores de criminalidad y, en donde no se custodia a los condenados a pena privativa de libertad, sino que son depositados en ellos, en que más respeto hay hacia los animales en cualquier “establo” que en nuestras cárceles.

También en ellos caen y, sin paracaídas, simples procesados, sin siquiera acusación penal ni menos sentencia condenatoria, por haber recibido duro confinamiento preventivo, para que bajo siete llaves, enfrenten la investigación y procesamiento, en muchos casos atentatorio contra el principio de presunción de inocencia. La prisión preventiva más parece una sanción anticipada y, en caso de declaración judicial de inocencia, nadie te quitará el sambenito de haber estado en el “infierno”.

Teniendo presente la pandemia del Corona virus denominado “Covid 19” y, que probablemente afectaría también a quienes sufren prisión preventiva, escribí la columna “Derechos Humanos de los Internos” y recientemente “Son penales no cementerios”, reclamando y sugiriendo medidas para reducir la población penal y, en lo posible, evitar mayor número de contagios.
Una de mis lectoras que leyó el último artículo mencionado, me manifestó que para hacer la relación del personal recluido que podría merecer algún tipo de “derecho de gracia” presidencial o alguna decisión jurisdiccional, que les permitiera abandonar el penal, se requería que el personal administrativo del INPE regrese a sus labores para poder preparar la relación, teniendo en cuenta los antecedentes penitenciarios y otros elementos de juicio que pudieren ayudar en la tarea.

La misma persona me expresó que en el penal de San Juan de Lurigancho, a los sospechosos de haber contraído la epidemia, entre 10 a 20 por día, se les trasladaba temporalmente al auditorio que, ya está saturado y en donde fallecen por día de 2 a 5 internos, sea por la propia epidemia o por patologías previas.

Agregó mi informante que no hay pruebas rápidas ni moleculares y que hay agentes penitenciarios que venden el “Paracetamol” a cinco soles la unidad y cobran diez soles la puesta de algún inyectable, más el costo del mismo y de la hipodérmica. También dijo que los abastecedores de abarrotes en complicidad con los celadores, ahora que están suspendidas las visitas, les cobran a los familiares de los encarcelados entre treinta y cincuenta soles, para ingresar los comestibles y provisiones que son el sostén de los internos.

Para permitir llamadas telefónicas al exterior, también les cobran a los reclusos y, ahora que son de absoluta necesidad los desinfectantes, ellos brillan por su ausencia, debiendo hacer lo que llaman “chanchita” para comprar la lejía a los custodios. Las mascarillas, solamente se entregaron una vez.

Advirtió que, si se reduce la población en los establecimientos penitenciarios, tendrá que planificarse los lugares en los que deberán ser aislados y alimentados los ex internos, hasta que pase el peligro de contraer el Covid 19. Ojalá se tome la precaución.

Lo que más impacto de su recuento, es la percepción de una gran corrupción escandalosa en nuestras cárceles y, que muy de vez en cuando se hace alguna acción correctiva, pero que dura muy poco, para volver a lo que es habitual, esto es los privados de libertad “son la última rueda del coche, pero el abuso y corrupción en primera fila”. La corrupción, en cada caso, empieza el mismo en que el interno ingresa al penal, en que hay cupos, con “tarifas” preestablecidas, para asignar el pabellón donde pernoctarán y las celdas en que permanecerán.

Hice a mi informante una pregunta que puede tildarse de “inocente”, como es el motivo por el que no se denuncia lo descrito y también cosas peores y, la respuesta, lógica por cierto, es que se temía a las represalias. Para terminar, me confió lo siguiente: “las autoridades penitenciarias en algunos casos son más corruptas que los internados por corrupción”.

Extrañamos al padre Lanssiers que tanta falta hace en los penales y, esperamos que en algún momento haya un ministro o ministra de justicia, con los pantalones o las faldas bien puestas y, sin que a ninguno le tiemble la mano para poner orden, precisando que las visitas inopinadas son un buen mecanismo para la investigación de los abusos a que nos referimos.