Por Ántero Flores-Aráoz

Bajo la convocatoria de IPAE, acaba de realizarse en Paracas un nuevo CADE, evento en que alternan altos funcionarios de los diferentes Poderes e Instituciones del Estado, con reconocidos empresarios.

El lema del cónclave fue “Un solo Perú, no más cuerdas separadas”, seguramente con la finalidad de terminar con la desarticulación entre la economía y la política, y buscar un solo norte en que las acciones u omisiones políticas no afecten la economía del país.

Loable el propósito, aunque poco realista, pues la política siempre influenciará en la economía, y que malas decisiones parlamentarias o gubernamentales pueden traer abajo la austeridad fiscal, impedir el crecimiento económico y desalentar al empresariado que es el motor de la economía. Es iluso estimar que de la noche a la mañana algunos figuretis, inmersos en la política, cambiarán su estilo mediático, convirtiendo en populista e irracional cualquier tema serio.

Hay otras cuerdas separadas, relacionadas con las constructoras involucradas directa o indirectamente con el escándalo Lava Jato originado en Brasil. Ésas cuerdas separadas son la sanción penal por actos delictuosos, que tiene que seguir su propio camino procesal, absolutamente diferenciado y sin interferir en las tareas empresariales y constructoras de los consorcios conocidos.

El Gobierno, entendiendo la complejidad del tema emitió en febrero último el Decreto de Urgencia 003-2017, que por su naturaleza es temporal y sujeto a la fiscalización y revisión por el Congreso. En ese Decreto de Urgencia se ha tratado -aunque sin mucho éxito- de mantener las cuerdas separadas, empero la norma rectificatoria sancionada por el Parlamento es peor de lo que ha tratado de mejorar.

Lo señalado obligaría al Ejecutivo a solicitar nuevos correctivos, quizás con la idea de pasar el manejo del asunto del Ministerio de Justicia, al de Economía, que tiene más relación en el asunto, y cuenta con los expertos que en materia económica-financiera no tiene el primero de los nombrados.

Hay más, se ponen serias limitaciones a la venta de las acciones de las empresas nacionales investigadas, olvidando probablemente que algunas están listadas en Bolsa de Valores, sea nacional o extranjera, y que el movimiento bursátil da garantías que no pueden ser cercenadas por decisiones gubernamentales.

Más aún, la falta de movilidad de la tenencia de acciones, afectaría a las AFPs, las que manejan los aportes de los trabajadores para la etapa de su retiro laboral, los que serán directamente perjudicados en el valor de sus fondos individuales, por la mala decisión congresal, que evidentemente debe corregirse.

Además, no podemos olvidar que debe cautelarse la cadena de pagos e impedir que por las limitaciones a las constructoras paralicen obras, pierdan su centro laboral miles de miles de trabajadores y sus familias queden al desamparo al igual que los proveedores de bienes y de servicios, al haberse establecido mecanismos irracionales para garantizar la reparación civil de las empresas en cuestión.  Bastaría hacer retención de un porcentaje de los ingresos para pasar a un fideicomiso bancario que garantice el pago del resarcimiento al Estado.