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CONDENADA POR ERROR

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Con el título de esta columna, no me refiero a ningún procesado penalmente que fuese condenado por error, sino a una actividad importantísima en la economía peruana, como es la acuicultura.
Siendo el Perú uno de los más significativos países pesqueros, nuestros empresarios ampliaron sus emprendimientos, ya no solo a la extracción y procesamiento de la riqueza pesquera, sino también al desarrollo de actividades acuícolas, tanto en aguas marinas como continentales, consistentes en el cultivo de especies hidrobiológicas, sea en ambientes naturales, acondicionados o artificiales.
La actividad acuícola, gracias a los estímulos del Estado y a la visión de nuestros empresarios de todo tamaño, ha permitido tener infinidad de criaderos de especies hidrobiológicas en nuestro litoral y en el Mar de Grau, pero también piscigranjas en ríos y lagos.  Tal actividad ha generado puestos de trabajo, pero también fuente de alimento para nuestra población e incluso, con la exportación, divisas para el Estado y positiva balanza comercial.
Entre los estímulos estatales a los que nos hemos referido, a favor de la actividad acuícola, se encontraban los de la Ley de Promoción Agraria, que fueron extendidos a la acuicultura, tanto respecto al Impuesto a la Renta como respecto a los incentivos para la contratación laboral y conexos.
El Congreso de la República, haciendo eco a los reclamos de trabajadores agrarios y sin que se hubiese cumplido los plazos de los incentivos de que gozaba la actividad agraria, de un plumazo canceló la Ley de Promoción Agraria. Al derogar dicha ley, automáticamente el sector de acuicultura dejó de beneficiarse con los incentivos de ella que le habían sido extendidos. Fue condenado sin siquiera haber sido procesado.
En buen romance, se condenó al sector acuicultura, al derogarse la Ley de Promoción Agraria que en algunos aspectos era de aplicación para él. Pero el estropicio no solo fue con la acuicultura, sino también con el sector forestal, que de refilón perdió una serie de estímulos para fomentar su crecimiento.
No puedo afirmar si en el Congreso fueron o no conscientes, que al derogar la Ley de Promoción Agraria se desprotegía a los sectores acuícola y forestal. Lo cierto es que ya ellos no gozan de los incentivos que les fueron aplicables y sin haberse cumplido el plazo para el que fueron otorgados.
En la práctica los inversores y, por ende, los trabajadores del sector acuícola, que es al que se refiere este artículo, fueron burlados, ya que los empresarios para efectuar sus inversiones y calcular su rentabilidad, tuvieron en cuenta los incentivos que la ley les había otorgado y que, lamentablemente, por una decisión apresurada y poco estudiada por el Parlamento, se quedaron sin ellos.
Nuestros vecinos, Chile y Ecuador han desarrollado actividades acuícolas de gran relevancia, gracias a los beneficios y facilidades que les dieron, por lo que frente al Perú, despojado de ellas, estarán en una posición de gran ventaja. El Parlamento debería arreglar el desaguisado y restituir temporalmente los incentivos promocionales a los que nos referimos.

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