Por Antero Flores-Araoz

A veces creo que estamos perdiendo la brújula y ello por innumerables razones, pero esta vez por la falta de atención y repudio a la violación de las comunicaciones.  Me explico, hay comunicaciones de todo tipo y con toda herramienta, tenemos comunicaciones abiertas, pero también las tenemos cerradas o privadas, las tenemos a través de la escritura, pero también por medio de la audición e incluso por las imágenes y, hoy en día, igualmente por las redes sociales. Cuando terceros interceptan las comunicaciones sin autorización judicial, nos interesa el contenido de lo interceptado más no que se violentaron comunicaciones, lo que de suyo es gravísimo.

Nuestra Constitución determina el derecho de las personas “al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados”. Agrega que “las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley.”

Nuestro Código Penal tipifica los delitos vinculados a la violación de las comunicaciones en sus distintas modalidades y, señala también las respectivas penas.  Hasta aquí todo claro, pero lo que no lo está es la constante, diría hasta permanente, violación de las comunicaciones y que las autoridades llamadas a la investigación del delito estén cruzadas de brazos sin cumplir con sus obligaciones.

Sin embargo, lo que más llama la atención es el morbo de los ciudadanos comunes y corrientes, que lejos de repudiar la violación e interceptación de las comunicaciones, quieren saber el contenido de ellas, con puntos y comas, con afirmaciones y negaciones, con certezas o falsedades. No les interesa que se perpetró delito cuando se violaron comunicaciones y conversaciones de terceros.

Si existieran comunicaciones que acreditan delito, evidentemente ello tiene que investigarse, procesarse y sancionarse, pero también y, no por menos grave, la violación de las comunicaciones, que hasta ahora no se hace y, que parecería ser, que quienes las consiguen las van soltando a cuentagotas, las dosifican, como las antiguas seriales cinematográficas, hoy llevadas a la televisión por capítulos.

La percepción casi generalizada es que, si te tomaron una fotografía en cualquier evento o celebración, sea público o privado, es que ello es prueba de complicidad en algún delito que pudiese haber cometido alguno de los fotografiados.  Si estuviste en algún ágape con contenido gastronómico pues ¡qué horror y espanto! allí está también la prueba de complicidad, con el invento en las mentes enfermizas quizás de un “delito gastronómico” hasta ahora no estudiado por la ciencia penal. Los diminutivos y familiaridades con la que nuestros compatriotas están acostumbrados, igualmente se han convertido en fuentes de conspiración y todo ello sin olvidar simples cortesías que alguna autoridad puede hacer en beneficio de otras y sin transgresión de la ley.

Alguna prensa coopera, queriéndolo o no, con la percepción ciudadana de que si el contenido de alguna intercepción de comunicación tiene alguna arista reñida con la ley o con la moral, de poco importa la violación de las comunicaciones. No señor, importan ambas cosas y, al igual que exige tal prensa investigación de situaciones que pudieren ser delictuosas también debería exigir investigación de la interceptación, que es delito.