Consideramos que si un Estado pretende que exista más consumo y desarrollo empresarial, en esta época de enorme crisis, debe, sin ser asistencialista sino considerando la realidad y real necesidad de las empresas, no sólo fomentar la prórroga de impuestos y obligaciones tributarias, sino cambiar las reglas de juego de los impuestos principales, pues tal como están diseñados, sólo permitirían que las grandes empresas puedan subsistir y cumplir con sus obligaciones.
Es como si hoy la vida mostrara la verdad impositiva cruda y real: está hecha para que las grandes empresas cumplan, y en las demás –que son las más- la cobranza fiscal suene a confiscatoria.
Los que muchos se preguntan es qué pasará cuando llegue junio de este año y se deberán declarar obligaciones mensuales (y estos pagos se han recientemente prorrogado hasta agosto), si es que no hay caja en las empresas y muchos empleados ya no laboran (no hay entonces una “empresa en marcha”), pero se ha dejado ya emitida una facturación que no se ha corregido con ninguna nota de crédito.
Porque si no se emite factura no se cobra. Porque si no se emite aquella, cómo voy al factoring. Porque si no emito comprobante de pago, cómo solicito préstamos demostrando mi nivel de cuentas por cobrar que me exige el banco.
A esos empresarios con ya serísimos problemas económicos se les debe tranquilizar, porque no es que no deseen pagar sus tributos, sino que necesitan primero cobrar sus facturas y eso puede durar varios meses de acuerdo a las proyecciones existentes; la cobranza de SUNAT debe calzar entonces con esta recuperación de liquidez, y por eso se hace imprescindible que se permita fraccionar la deuda en un beneficio especial (que debe ser ya promulgado para las proyecciones financieras internas de la empresa y mantener la seguridad jurídica), fraccionamiento que debe aplicarse así el contribuyente ya esté cumpliendo incljusive con un fraccionamiento general anterior.
Por otra parte, los intereses moratorios tributarios (1% mensual) no deberían correr en las deudas fiscales, por lo menos en la etapa de una morosidad generada por la situación de emergencia, siguiendo el camino hoy de la inaplicabilidad de multas (como ya se ha determinado por la mal denominada “discrecionalidad”).
Además no se deben crear impuestos nuevos, ni otras cargas que afecten los alicaídos bolsillos, porque esto solo alentaría la informalidad, la quiebra empresarial, el desánimo y la anti – resiliencia, además de violar, en muchos casos, principios constitucionales.
En esta época, se debe entonces aplicar y ser coherentes con la política monetaria expansiva, que estimula la producción de bienes y servicios y, por tanto, el nivel de renta de los ciudadanos de un país.
Si bien la recaudación no es ya la misma, se vaticina que sería peor si se le ahorca al contribuyente no dejándole ese respiro económico para que cumpla con sus deberes cívicos, en una situación de evidente economía de guerra.
Coherencia y más coherencia. Es el pedido de miles de MYPES que desean seguir contribuyendo con el país.
