Por Julio Failoc Rivas

Entre enero de 1997 y mayo del 2001, las regiones obtenían por concepto de canon minero el 20% del Impuesto a la Renta, que era pagado al fisco por las empresas mineras. Sin embargo, a partir del año 2002, tras la aprobación de la Ley de Canon (N° 27506), este porcentaje se incrementó hasta alcanzar el 50% del Impuesto a la Renta.

Más allá de la discusión que si la gran minería contamina o no, o que si los recursos del canon minero son solo impuesto a la renta, lo cierto es que a partir del año 2002, todas las regiones con presencia minera incrementaron en más del doble sus presupuestos.

En los últimos 20 años -según el MEF- se transfirieron alrededor de 45,000 millones de soles a los gobiernos locales y regionales para proyectos de inversión pública. Sin embargo, los gobiernos regionales y locales de los periodos 2007-2010 y 2011-2014, fueron los que más se beneficiaron con una mayor cantidad de recursos públicos del canon minero. Sólo en estos dos periodos se recibió 32,194 millones de soles (72% del total del canon). En los años del 2015 al 2018 apenas se recibió un poco más de la cuarta parte de lo recibido en periodos anteriores.  

En el caso de Puno se recibió en los últimos 20 años (2000-2019), por concepto de canon y regalías mineras, más de 2,600 millones de soles. En el periodo 2007-2010 los gobiernos locales y regionales recibieron un poco más de 700 millones, y en el periodo 2011-2014, un monto ligeramente mayor a los 1,000 millones de soles. En el periodo 2015-2018 el canon minero se redujo drásticamente, alcanzando los 407 millones de soles.

De estos montos, de acuerdo a la ley del canon minero, un 10% se transfirieron para la zona de influencia directa de las unidades mineras, esto es más o menos un total de 260 millones de soles.

¿Alguien puede dar cuenta que hizo el gobierno regional o los gobiernos locales con los recursos del canon minero? ¿Alguna obra emblemática que mostrar en la región, o de algún municipio provincial o distrital de una de las zonas de influencia minera, por lo menos en los periodos donde se recibió una mayor cantidad de recursos por concepto de canon minero?

Quisiéramos dar una respuesta afirmativa y contundente, pero no la tenemos. Veamos por ejemplo el caso de Antauta, donde se asienta una de las minas más emblemáticas de Puno. El recientemente alcalde electo, Eloy Chura, ensaya una respuesta: “en todos los años que tengo no he visto desarrollo en mi distrito”. Lo que dice podría ser cierto, solo que hay un pequeño detalle: él fue alcalde que en dos periodos (2007-2010 y 2011-2014), y recibió en ese lapso una cantidad importante de recursos del canon minero (cerca de 180 millones de soles), e hizo, según propia confesión, muy poco por el desarrollo de su distrito.       

La ineficiencia en el uso de los recursos provenientes del canon minero refuerza la imagen negativa que tiene la población hacia la actividad minera.

Para un poblador de a pie resulta razonable pensar que si la minería no genera ningún beneficio qué sentido tiene la presencia de ésta. De allí se distorsiona el rol que se le quiere asignar a la actividad minera para que ésta sea aceptada.

La percepción de la población, reforzada también por los alcaldes, sobre todo de las zonas de influencia minera, es que la empresa minera debe sustituir al estado en materia de educación, salud y desarrollo económico, craso error que tiene que ser erradicado de la mentalidad asistencialista de las autoridades. El gobierno local no puede renunciar a ejercer a conducción del desarrollo en sus diferentes dimensiones y no limitarse sólo a la administración de los servicios públicos.  

Por el contrario, el gobierno regional y los gobiernos locales, tienen la responsabilidad de desmineralizar el desarrollo de sus localidades, es decir, hacerlas menos dependientes de la actividad minera, para lo cual exige, no solo el uso adecuado de los recursos provenientes del canon minero, sino orientarlos hacia las actividades con mayores potencialidades económicas y productivas. Sólo de esta manera puede garantizará el desarrollo sostenible de la región y de sus localidades.

Por su lado la minería debe tender puentes para un diálogo directo y abierto con la población y las autoridades políticas, sin la intervención del estado, promoviendo mecanismos de participación ciudadana para el control y monitoreo ambiental e involucrándose en los procesos de desarrollo local con una inversión social y ambientalmente responsable orientada a la atención de las necesidades más sentidas de la población.