Por Antero Flores-Araoz
Recientemente se ha aprobado y publicado la “Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Terrorismo 2019-2023”, siendo un satisfactorio aporte para comprender no solamente las motivaciones del fenómeno terrorista, sino su vinculación de hace lustros con el narcotráfico y la necesidad de emprender acciones concretas para combatir ésa lacra que tantas vidas ha cobrado y, que además ha destruido bienes públicos como privados de incalculable valor.
Hay quienes creen que el terrorismo no sigue vigente y que únicamente existen contados remanentes principalmente en el VRAEM – Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, percepción equívoca pues como bien lo señala el documento al que nos referimos, la DIRCOTE tiene registradas 354 acciones terroristas entre los años 2012 y 2018. Además, aunque no lo señala el informe hay que tener presente que grupos terroristas han vuelto al Vizcatán que había sido recuperado en el segundo quinquenio de la década anterior.
En el documento en cuestión, se afirma, con razón que hay acciones terroristas directas e indirectas y, dentro de estas últimas, “las vinculadas a la agitación y propaganda de ideologías subversivas y terroristas”, las que a partir del año 2016 se han incrementado. Evidentemente esto tiene que motivar al Estado a dar a conocer a las nuevas generaciones lo que significó el terrorismo en el país, en sus etapas más críticas, machacando el tema en la prensa, en las escuelas e incluso en institutos y universidades, pero con el cuidado de que no aprovechen de ello los anti sistémicos con disfraz de defensores de la democracia y del estado de derecho.
También se reconoce “insuficientes acciones de prevención para evitar acciones terroristas y una limitada capacidad operativa para neutralizarlas”, a lo que se agrega “limitaciones en los operadores de justicia (principalmente Ministerio Público y Poder Judicial)” lo que, sin léxico edulcorado, significa desidia de tales operadores en cumplir con sus responsabilidades frente al terrorismo homicida y destructor.
Si bien es sincero el reconocimiento aludido, si es preocupante que se trate de justificar la falta de eficiencia en la lucha contra el terrorismo, en el “inadecuado marco normativo para abordar casos de terrorismo”, como si es que no estuviere en manos del gobierno las modificaciones correspondientes o, por lo menos, proponerlas al Congreso de ser el caso.
Todo lo expuesto en el documento aludido, nos tiene que llevar como país, a tomar acciones serias y responsables para entrenar convenientemente a las Fuerzas Armadas y Policiales para luchar eficientemente contra el terror, debiéndoseles dotar de las armas modernas que requiere su tarea, pues es sabido que muchas veces enfrentan a armamentos y facilidades logísticas más modernas de las que tiene el Estado, pero sin olvidar la necesidad de una mayor rotación del personal militar y policial para no caer en la tentación de corrupción, ya que el narco terror moviliza recursos económicos casi ilimitados.
Ahora toca que se prepare el “Plan Estratégico Multisectorial” de la Política Nacional de Lucha contra el Terrorismo. ¡Ojalá no se duerman!
