· El especialista en conflictos sociales advierte que la actividad ilícita se ha integrado a la cadena de valor regional gracias a la omisión de autoridades y dirigentes, lo que anularía el impacto del Estado de Emergencia si no se desarticula la red de protección política y comunal.

RCR, 22 de abril 2026.- La reciente declaratoria del Estado de Emergencia por 60 días en Cajamarca, destinada a frenar el avance de la minería ilegal y el crimen organizado, corre el riesgo de ser una medida meramente simbólica si no se implementa una estrategia integral. Así lo advirtió Iván Arenas, analista político y especialista en conflictos sociales.

Sostiene que la delincuencia y las bandas criminales han trazado una ruta de expansión que nace en Pataz y se desplaza con agresividad hacia Cajabamba, San Ignacio y Sorochuco, consolidando un corredor de extorsión y sicariato que amenaza la estabilidad del norte del país.

Para el especialista, la intención del Gobierno de declarar la emergencia es positiva, pero insuficiente. Arenas enfatiza que, sin una visión de «gran corredor» que involucre activamente a las alcaldías y autoridades locales en un plan táctico coordinado, la medida «caerá en saco roto».

El problema de fondo, señala, no es solo la presencia de bandas criminales, sino la profunda penetración de la corrupción en las instituciones locales y comunales. Según su análisis, la minería ilegal no podría subsistir sin la dejadez —o el contubernio directo— de ciertos funcionarios y dirigentes que han terminado incorporándose a la cadena de valor de esta actividad ilícita.

Esta red de complicidades se extiende incluso a las rondas campesinas y comunidades de la zona. Arenas apunta que, en varios sectores, estas organizaciones estarían brindando seguridad y protección a las operaciones ilegales a cambio del cobro de «regalías» o peajes informales.

Este ecosistema de ilegalidad está configurando un escenario sumamente peligroso de cara a los próximos comicios regionales y municipales en Cajamarca, donde el poder económico de la minería ilegal buscará asegurar su permanencia mediante el financiamiento de candidatos.

El riesgo económico y democrático es tangible: existen aproximadamente dos mil plantas de procesamiento informales e ilegales que, al ser fiscalizadas por los gobiernos regionales, tienen un objetivo directo en capturar dichas instituciones.

«Se tendrá un escenario electoral donde el dinero sucio de la minería ilegal va a estar de la mano con muchos candidatos», advirtió Arenas, a RCR. Subrayó que esta infiltración del capital ilícito en la política desvirtúa la salud de la democracia.

El analista concluyó que el país camina hacia un caos absoluto que, sumado a la actual crisis institucional, podría derivar en un escenario de reorganización nacional ante la erosión sistemática del orden económico y social en las regiones mineras.