FUENTE: INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ
- Juan Carlos Ortiz, presidente del IIMP, advirtió que el país necesita una presencia estatal permanente para impedir que las economías ilícitas vuelvan a tomar los territorios.
Lima, 04 de noviembre de 2026. Garantizar el cumplimiento de la ley y generar condiciones para la inversión formal son dos tareas que el Estado debe atender de manera simultánea frente al avance de la minería ilegal. Esta fue la advertencia de Juan Carlos Ortiz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), quien destacó la necesidad de impulsar los proyectos mineros y fortalecer la presencia estatal en los territorios afectados por actividades ilícitas.
En su columna del reciente Semáforo Minero, titulada “La ilegalidad no puede ganarle terreno a la inversión”, Ortiz señaló que el Perú cuenta con 66 proyectos mineros en cartera, valorizados en más de US$ 64.000 millones, cuyo desarrollo requiere decisiones oportunas y predictibilidad. En ese contexto, remarcó que “la inversión formal necesita reglas claras y un Estado que cumpla su papel de facilitador y garante del cumplimiento de la ley”.
El presidente del IIMP sostuvo que cada proyecto que logra avanzar representa oportunidades de empleo, desarrollo de proveedores locales, mayores ingresos fiscales y dinamismo económico para las regiones. Por ello, consideró fundamental que el país genere condiciones que permitan transformar su potencial minero en inversiones efectivas.
Estrategia permanente
Sin embargo, advirtió que esta tarea también exige enfrentar de manera decidida la minería ilegal. Al referirse a la destrucción de más de 30 campamentos en la zona de amortiguamiento de Tambopata, destacó la importancia de estas intervenciones para proteger el patrimonio natural y recuperar el control territorial. No obstante, precisó que los operativos deben complementarse con una estrategia de largo plazo.
“Necesitamos presencia permanente, inteligencia y coordinación para impedir que estas estructuras vuelvan a instalarse”, enfatizó Ortiz. Asimismo, planteó que la respuesta estatal debe diferenciar entre quienes tienen la intención de formalizarse y los que actúan al margen de la ley. “La formalización debe tener una ruta viable y plazos definidos; la ilegalidad, consecuencias efectivas”.
Finalmente, el titular del IIMP hizo un llamado a abordar ambos desafíos de manera articulada. “El Perú no puede resignarse a ver proyectos formales esperando decisiones mientras las economías ilícitas amplían su alcance sin control”, concluyó.
